La crisis que se cierne sobre la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, se agravó hoy con una decisión de la Fiscalía que pide investigar al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, a 3 ministros y a otros 27 políticos por los escándalos en Petrobras.
Rousseff, quien la semana próxima puede ser separada de su cargo si el Senado abre un juicio político en su contra, sumó hoy una nueva preocupación a la inmensa lista de complicaciones que la atormentan desde hace meses, después de que el procurador general, Rodrigo Janot, pidió investigar a personas de su estrecha confianza.
La Fiscalía solicitó al Tribunal Supremo que indague al padrino político y antecesor de la mandataria y a los actuales ministros de la Secretaría de la Presidencia, Ricardo Berzoni; de Información, Edinho Silva, y al jefe de gabinete de la Presidencia, Jaques Wagner.
Janot estrechó todavía más el círculo y pidió también incluir en la lista de investigados al asesor personal de Rousseff, Giles de Azevedo.
En el documento, Janot destaca que «en el ámbito de los miembros» del gobernante Partido de los Trabajadores (PT) hay nuevos elementos que demuestran que la «organización criminal» que actuó en Petrobras «tuvo un alcance más amplio de lo que se imaginaba» y «con una enorme concentración de poder de los jefes de la organización».
Señaló además que la «organización criminal» que desvió dinero de la petrolera estatal «jamás» podría haber funcionado por tanto tiempo y de «una forma tan amplia y agresiva» en el ámbito del Gobierno federal «sin la participación del expresidente Lula».
Pero Janot fue más allá del PT e incluyó a nombres de peso del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), al que pertenece el vicepresidente Michel Temer, quien podría sustituir a Rousseff en unos 10 días si el Senado finalmente decide apartarla de su cargo para iniciar un juicio político con miras a su destitución.
En la lista figuran Henrique Eduardo Alves, ministro de Turismo hasta que el PMDB desembarcó del Gobierno de Rousseff hace poco más de un mes; el jefe de la Cámara de los Diputados, Eduardo Cunha, y el ministro de Energía durante el Gobierno de Lula, Silas Rondeau.
También fue citado José Sérgio Gabrielli, el expresidente de Petrobras, la empresa donde fue tramada la red de corrupción, que, según las investigaciones y la propia petrolera reconoció en sus balances, desvió más de 2.000 millones de dólares en la última década.
Janot pidió igualmente investigar a Paulo Okamotto, el actual presidente del instituto dirigido por Lula, el cual está bajo sospecha por servido de fachada para operaciones ilegales.
El expresidente, uno de los 31 nombres de la lista, fue nombrado ministro por su antecesora Rousseff en marzo pasado y llegó a asumir el cargo, pero un juez del Supremo suspendió su designación al considerar que le fue concedido el cargo para facilitarle fuero privilegiado y escapar así de las garras del juez Sergio Moro, que concentra las investigaciones del caso Petrobras.
A pesar de que su nombramiento fue suspendido, el Supremo consideró que el expresidente debía mantener el fuero privilegiado que le otorgaba el cargo de ministro de la Presidencia.
Lula ya era blanco de dos investigaciones por corrupción y lavado de dinero en tribunales comunes y, si el Supremo acepta el pedido del fiscal, pasará también a ser investigado por la máxima corte del país.
La solicitación de Janot supuso un nuevo jarro de agua fría para Rousseff, que hoy recibió la antorcha olímpica sin saber si estará al frente del Gobierno durante la apertura de los Juegos Olímpicos, que serán inaugurados en Río de Janeiro el próximo 5 de agosto.
En su lugar podría estar Temer, ahora un declarado adversario de Rousseff, pero quien, al igual que la mandataria, ha visto a su círculo político ser cercado por la Justicia.
