La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, reiteró este miércoles (4 de mayo) que defenderá su mandato «con todos los instrumentos» a su alcance al anunciar un plan anual de créditos agrícolas que, en 2015, generó unas deudas que ayudaron a poner en peligro su cargo.
Rousseff anunció que el llamado «Plan Zafra» para el período 2016-2017 estará dotado con 202.800 millones de reales (unos 57.940 millones de dólares) en un acto en el que insistió en que tiene «la conciencia tranquila» y reafirmó que no ha cometido «ningún delito».
Las acusaciones que pudieran llevar a Rousseff a enfrentar un juicio político con miras a su destitución se fundamentan en una serie de maniobras irregulares en las que el Gobierno incurrió en 2014 y 2015 y que le permitieron «maquillar» sus resultados.
Uno de los varios flancos de la demanda se refiere a multimillonarios atrasos del Gobierno en los depósitos que debía hacer en el estatal Banco do Brasil para cubrir los recursos destinados a esos planes de apoyo al sector agrícola.
Según la acusación, que fue aceptada por la Cámara de Diputados y ahora tramita en el Senado, los reiterados atrasos de esos depósitos acabaron generando costosos intereses al Estado y configurando una «operación de crédito» con el banco público, lo cual es vetado por las leyes brasileñas.
«Dicen que esos atrasos son créditos, pero no lo son. Son sólo atrasos y fueron debidamente saldados, por lo que no se puede hablar de deudas del Estado con el Banco do Brasil», insistió Rousseff.
La presidenta sostuvo que «conceder subvenciones económicas a la agricultura, ayudar a la agricultura, no es un error» y aseguró que ese plan se enmarcó en el esfuerzo del Gobierno por «combatir el escenario adverso de la economía brasileña», que está en medio de la recesión más profunda registrada en décadas.
«Lo combatimos con este plan, pero también con todas las medidas enviadas al Congreso para dar secuencia al proceso de estabilización fiscal» y con otras iniciativas «que desde inicios de este año están paralizadas» en las cámaras legislativas, reclamó.
Rousseff lamentó que la Cámara de Diputados y el Senado no hayan discutido aún esas medidas, que implican subidas de impuestos y un fuerte recorte del gasto público, «porque estamos comenzando a ver señales de recuperación», entre las que citó una «desaceleración de la inflación».
El trámite para un posible juicio político contra Rousseff está ahora en manos de una comisión del Senado, que hoy mismo conocerá el informe del instructor del caso, que puede pedir archivar la causa o que el asunto pase a manos del pleno de esa cámara legislativa.
El informe pasará luego al pleno del Senado, que si por mayoría simple entre sus 81 miembros decide instaurar el juicio político, obligará a Rousseff a separarse de su cargo durante los 180 días que puede durar el proceso.
Si así fuera, Rousseff sería sustituida durante ese período por el vicepresidente Michel Temer, con quien está enemistada desde hace meses y quien completaría el mandato que vence el 1 de enero de 2019 si se llegase a su destitución.
