Un tribunal brasileño condenó hoy a nueve empresarios y funcionarios por un sonado caso de pago de sobornos con el objetivo de lograr ventajas tributarias para los fabricantes de automóviles durante el Gobierno del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Las condenas, impuestas por el juez Vallisney de Souza Oliveira, del Tribunal Federal de Brasilia, varían de uno a once años de prisión, según la sentencia publicada por esa corte.
Entre los condenados figura el presidente de MMC, fabricante de automóviles de la marca Mitsubishi, Robert de Macedo Soares Rittcher, y su antecesor, Paulo Arantes Ferraz, que fueron condenados a penas de cuatro años y dos meses de cárcel cada uno en régimen semiabierto.
La mayor condena, de once años y ocho meses, recayó en el empresario Marcos Marcondes, responsable de la firma Marcondes & Mautoni, que fue citada como la intermediaria del pago de sobornos, y fue condenado por los delitos de asociación ilícita, corrupción activa y lavado de dinero.
Según la sentencia, Marcondes recibió cerca de 50 millones de reales (unos 14 millones de dólares) de MMC y fue el «polo del cual irradiaba todo el dinero» hacia otros intermediarios y funcionarios sobornados y, asimismo, «fue el epicentro del lavado de dinero».
Otro de los líderes de la banda, José Ricardo Silva, fue condenado a once años de cárcel por los mismos delitos, además del de extorsión.
Según la acusación, las fabricantes de automóviles pagaron sumas millonarias a funcionarios, a través de intermediarios, para lograr que el Gobierno prorrogase en 2009 un serie de incentivos fiscales al sector automotor, que vencieron el año pasado.
El juez sostuvo que los miembros de la banda «procuraron a cualquier costo y hasta por más de lo acordado, mediante tráfico de influencias y pago a colaboradores, la publicación del decreto, su tramitación en la Cámara y en el Senado, para la aprobación de la ley respectiva sin vetos presidenciales».
En el marco del caso, que continúa abierto, también se investiga a estas empresas por manipular a su favor los procesos del Consejo Administrativo de Recursos Fiscales (CARF), el departamento del fisco encargado de multar a los defraudadores de impuestos.
El juez absolvió al empresario Eduardo Souza Ramos, dueño de MMC, y también absolvió de algunos cargos a varios acusados y permitió que los condenados puedan recurrir en libertad.
La Fiscalía anunció que recurrirá la sentencia por considerar que las penas impuestas son muy blandas, «muy próximas al mínimo establecido por la legislación penal», según un comunicado.
Entre los investigados en este caso y que aún no han sido juzgados se encuentra uno de los hijos de Lula, Luis Claudio Lula da Silva, porque recibió en 2011 a través de su empresa de márketing deportivo 2,4 millones de reales (unos 680.000 dólares) por parte de Marcondes & Mautoni por supuestos servicios.
