Una comisión del Senado aprobó este viernes (6 de mayo) el informe que recomienda la apertura de un juicio político con miras a la destitución de la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, lo cual será decidido la semana próxima por el pleno de la Cámara alta.
El informe favorable a poner fin al mandato de la presidenta fue aprobado por 15 votos a favor y 5 en contra, y pasará ahora al pleno de los 81 senadores, que por mayoría simple definirá si la causa es archivada o si se instaura el juicio político, que en principio separaría a Rousseff del poder por 180 días.
Ese período representa lo que pudiera durar el proceso, durante el cual Rousseff sería sustituida en forma interina por su vicepresidente, Michel Temer, que desde hace semanas ya estudia la conformación de un eventual nuevo Gobierno.
Hasta ahora, aunque aún no ha sido confirmado oficialmente, está previsto que la votación definitiva en el pleno de la Cámara alta se realice el miércoles de la semana próxima, que pudiera ser el último día de Rousseff en el poder, al menos durante los próximos seis meses.
Si el eventual juicio político concluyera con la destitución de la mandataria, Temer completaría el mandato que vence el 1 de enero de 2019, pero, si fuera absuelta, Rousseff retomaría el cargo una vez que concluya el proceso.
De las 15 formaciones presentes en la comisión, que tuvo 21 miembros e igual número de suplentes, 12 se pronunciaron en favor de aprobar el informe del instructor, Antonio Anastasia, que propone la instauración de un juicio con miras a la destitución de Rousseff.
Sólo se opusieron el gobernante Partido de los Trabajadores (PT) y los partidos Comunista do Brasil (PCdoB) y Democrático Laborista (PDT), dos de las pocas formaciones que aún permanecen en la menguada coalición que respalda a la mandataria.
Las acusaciones contra Rousseff se fundamentan en unas maniobras contables irregulares en las que el Gobierno incurrió en 2014 y 2015 a fin de «maquillar» sus resultados fiscales, que la defensa de la mandataria niega y considera unas meras «faltas administrativas».
Según el informe aprobado hoy, sin embargo, esas maniobras violaron numerosos artículos de la Constitución y de la Ley de Responsabilidad Fiscal, que regula el uso del dinero público.
