El Senado brasileño decidirá la próxima semana el futuro de la presidenta, Dilma Rousseff, en una votación que, según todos los pronósticos, apoyará el inicio de un juicio político con fines destituyentes contra la mandataria.
Rousseff, que da ya por descontada la derrota, se prepara para ser separada del cargo durante 180 días, el plazo que tendrá el Senado para debatir si finalmente es destituida.
En este periodo será sustituida por su todavía vicepresidente, Michel Temer, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que lleva semanas negociando para formar su propio Gobierno y asumir la Presidencia de forma interina.
De confirmarse la destitución definitiva de Rousseff, Temer aspira a completar su mandato, que vence el 1 de enero de 2019, con el respaldo del PMDB, el partido más importante del país, y con las alianzas tejidas con sus nuevos socios, algunos también antiguos compañeros de viaje de la presidenta.
El calvario político de Rousseff comenzó a principios del pasado diciembre de la mano del entonces titular de la Cámara de los Diputados, Eduardo Cunha, a quien el Tribunal Supremo, en una decisión inédita adoptada por unanimidad el viernes, ordenó separar del cargo por las múltiples acusaciones de corrupción que hay en su contra.
Cunha, antiguo aliado del Gobierno devenido en enemigo de Rousseff y convertido ahora en el político brasileño más denostado por sus problemas con la Justicia, fue la pieza fundamental para abrir el proceso de «impeachment» contra la presidenta.
En su condición de presidente de la Cámara Baja, admitió a trámite la solicitud de un grupo de juristas, entre los que figuraba Helio Bicudo, uno de los fundadores del Partido de los Trabajadores (PT), al que pertenecen Rousseff y su antecesor y padrino político, Luiz Inácio Lula da Silva.
La petición se basó en unas maniobras contables irregulares del Gobierno para maquillar sus resultados en 2014 y que, según fiscales de organismos de contraloría del Estado, continuaron en 2015.
Para la oposición, este maquillaje fiscal supone un «crimen de responsabilidad», uno de los motivos previstos en la Constitución para justificar el proceso.
El Ejecutivo sostiene que es una vieja práctica utilizada por todos los gobiernos, por lo que considera que el «impeachment» contra Rousseff es un «golpe de Estado».
En un contexto de crisis económica y con un Gobierno debilitado por las diferencias con sus aliados, el empujón de Cunha a la denuncia contra Rousseff puso en apuros a la presidenta a fines del pasado año, pero el Tribunal Supremo frenó el proceso y ordenó suspenderlo temporalmente para analizar el asunto.
Las vacaciones navideñas calmaron los ánimos de sus señorías, pero en febrero el clima político volvió a calentarse con multitudinarias movilizaciones contra el Gobierno mientras crecía la indignación por los casos de corrupción ligados a la estatal Petrobras, destapados durante la investigación del «Lava jato», conducida por el juez Sergio Moro.
Políticos, empresarios, funcionarios e incluso el expresidente Lula están en la mira de Moro.
La situación para Lula y Rousseff se complicó aún más con el nombramiento del expresidente como ministro, una maniobra que tuvo efectos contraproducentes tras la difusión de una conversación telefónica privada entre ambos de la que podría desprenderse que la designación pretendía blindar al exmandatario y alejarlo de la órbita de Moro.
El escándalo fue en aumento y, en marzo, la Cámara de Diputados -ya con la autorización del Supremo- nombró a los 65 miembros de la comisión especial para decidir si procedía iniciar un juicio político.
La comisión dio luz verde al proceso y dejó la palabra al pleno de la Cámara de los Diputados, dominado mayoritariamente por conservadores y evangélicos.
Ni los esfuerzos de última hora de Lula para buscar apoyos ni las promesas del PT a sus antiguos aliados tuvieron efecto alguno y Rousseff sufrió una derrota aplastante: 367 votos a favor del «impeachment» y 137 contra.
El resultado de la votación puso en evidencia la debilidad del Gobierno y la soledad de la presidenta, y colocó a Rousseff al borde del precipicio mientras Temer iniciaba, sin disimulos, negociaciones exprés para formar sus propio equipo sin esperar a la decisión del Senado, que tiene la última palabra.
Tras la aprobación del informe que pide la apertura del «impeachment» en una comisión especial del Senado, los 81 miembros de la Cámara Alta decidirán, por mayoría simple, el futuro de Rousseff.
Nadie duda de que el juicio político prosperará. Mientras, la presidenta, que ha empezado ha hablar en tono de despedida, defiende su inocencia y asegura que no renunciará para «no enterrar la prueba viva del golpe».
