El Senado brasileño decidirá esta semana el futuro de la presidenta, Dilma Rousseff, en una votación que, según todos los pronósticos, apoyará el inicio de un juicio político (impeachment) con fines destituyentes contra la Mandataria.
Rousseff, que da ya por descontada la derrota, se prepara para ser separada del cargo durante 180 días, el plazo que tendrá el Senado para debatir si finalmente es destituida. En este periodo será sustituida por su todavía vicepresidente, Michel Temer, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), quien lleva semanas negociando para formar su propio gobierno y asumir la presidencia de forma interina.
De confirmarse la destitución definitiva de Rousseff, Temer aspira a completar su mandato, que vence el 1 de enero de 2019, con el respaldo del PMDB, el partido más importante del país.
El calvario político de Rousseff comenzó en diciembre de 2015 de la mano del entonces titular de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, a quien el Tribunal Supremo, en una decisión inédita adoptada por unanimidad el viernes, ordenó separar del cargo por las múltiples acusaciones de corrupción en su contra.
La petición se basó en unas maniobras contables irregulares del gobierno de Rousseff para maquillar sus resultados en 2014 y que, según fiscales de la Contraloría del Estado brasileña, continuaron en 2015. La Presidenta, que ha empezado a hablar en tono de despedida, defiende su inocencia y asegura que no renunciará para “no enterrar la prueba viva del golpe”.
