El Senado brasileño inició este miércoles la sesión en la que definirá si la presidenta Dilma Rousseff será sometida a un juicio político que puede poner fin a su mandato, que como primera consecuencia tendría su separación del poder durante 180 días.
El presidente del Senado, Renán Calheiros, a las 10.00 hora local (13.00 GMT) inauguró la sesión y estableció los procedimientos que serán seguidos para una votación que se espera que concluya durante la madrugada de este jueves.
«Esta sesión pone sobre el Senado una inmensa responsabilidad, ya que se decidirá si la presidenta electa será separada del cargo», dijo Calheiros, quien valoró los «enormes esfuerzos que la sociedad brasileña ha hecho por mantener su democracia».
Según Calheiros, es un momento de una «responsabilidad gravísima» que impone de los senadores «la mayor convicción democrática» y la «máxima imparcialidad» para decidir si existen razones jurídicas suficientes para la apertura de un juicio político contra Rousseff.
También aclaró que, hasta ahora, todo el proceso ha sido avalado por la Corte Suprema, que lo ha «supervisado directamente en cada uno de sus pasos».
Para que sea aprobada la apertura del juicio político serán necesarios al menos 41 votos entre los 81 senadores, aunque todos los sondeos previos apuntan a que al menos 50 de los legisladores se inclinarán en favor del proceso.
De ser así, Rousseff será notificada mañana de la decisión y a partir de ese momento estará suspendida del cargo durante los 180 días que puede durar el proceso.
Su cargo será ocupado en forma interina por el vicepresidente, Michel Temer, con quien está enemistada desde hace meses y que se prepara para asumir el poder con un nuevo gabinete y una orientación ideológica diametralmente distinta y de corte liberal.
Si al cabo del proceso Rousseff fuera absuelta, recuperaría el cargo, pero en caso de que sea finalmente destituida, Temer deberá completar el mandato y entregará el poder el 1 de enero de 2019 al ganador de las elecciones previstas para octubre de 2018.
Durante la sesión serán escuchados el instructor del caso en una comisión especial que analizó y aceptó los méritos jurídicos de la acusación, el senador Antonio Anastasia, y el abogado general del Estado, José Eduardo Cardozo, quien representa a Rousseff.
Cada uno de los 81 senadores tendrá derecho a la palabra durante diez minutos, con posibilidad de otros cinco, lo que puede hacer que la sesión se prolongue durante más de veinte horas y que la votación sea realizada ya entrada la madrugada de este jueves.
Las acusaciones contra Rousseff se fundamentan en unas maniobras fiscales irregulares en las que el Gobierno incurrió en 2014 y 2015 a fin de maquillar sus resultados, que incluyeron la omisión de multimillonarias deudas con la banca pública.
El Gobierno ha negado a rajatabla esos cargos, los reduce a meras «faltas» administrativas y ha denunciado el proceso como un «golpe de Estado».
Este martes, en un postrero intento por impedir la votación o al menos la aplicación del previsible resultado adverso a Rousseff, la Abogacía General del Estado presentó una demanda a la Corte Suprema en la que pide la «nulidad» del proceso.
Ese recurso será analizado por el magistrado Teori Zavascki, uno de los once miembros del tribunal, pero en medios jurídicos no se alienta casi ninguna esperanza de que pueda prosperar.
Las autoridades de Brasilia han reforzado la seguridad en todos los alrededores del Parlamento y el tránsito en la Explanada de los Ministerios, amplia avenida que concentra todos los edificios del poder público, ha sido cerrado desde esta madrugada.
Los amplios jardines de la Explanada de los Ministerios han sido divididos en dos por una enorme valla, de un kilómetro de extensión, a fin de separar a los partidarios y adversarios de Rousseff que se pueden concentrar para el momento de la votación.
Sin embargo, la policía ha dicho que no se prevé que haya grandes manifestaciones, pues la votación se realiza en un día laborable y deberá concluir pasada la medianoche.
(11-05-2016)
