Los principales vecinos y socios de Brasil reaccionaron este jueves divididos entre la confianza en las instituciones brasileñas y la alerta por la vigencia constitucional tras la suspensión de la presidenta Dilma Rousseff después de que el Senado apoyara su juicio político.
«Ante los sucesos registrados en Brasil, el gobierno argentino manifiesta que respeta el proceso institucional que se está desarrollando y confía en que el desenlace de la situación consolide la solidez de la democracia brasileña», indicó la Cancillería argentina en un escueto texto.
La reacción del gobierno de centroderecha del presidente Mauricio Macri le valió críticas de los frentes opositores de izquierda, que vieron en las declaraciones oficiales lo que consideran «un reconocimiento al golpe institucional» contra Rousseff.
El Senado brasileño aprobó este jueves que se abra un juicio político a la primera mujer presidenta de Brasil, de 68 años, lo que podría conducir a su destitución en un plazo de 180 días. Rousseff reaccionó a la decisión considerándola un «golpe» y llamando a los brasileños a movilizarse.
En tanto, Colombia expresó su deseo de que se preserve «la estabilidad» y la «institucionalidad democrática» en Brasil.
«En la actual coyuntura, Colombia confía en la preservación de la institucionalidad democrática y la estabilidad, fundamentos indispensables del estado de derecho», señaló un comunicado de la Cancillería.
«La estabilidad de Brasil es muy importante para toda la región por su influencia y liderazgo», subrayó.
Por su parte, Ecuador, Chile y España expresaron su «preocupación» por los acontecimientos en el gigante latinoamericano, donde el vicepresidente Michel Temer ostentará el mando interinamente durante un máximo de 180 días, y hasta el final previsto del mandato de Rousseff, en diciembre de 2018 si la presidenta es finalmente declarada culpable.
«Ecuador apela a la plena vigencia y preservación de las instituciones democráticas y los valores que la sustentan», expresó el gobierno de Quito en un comunicado divulgado por la cancillería en el que manifestó su «profunda preocupación» por la situación política y respaldó al gobierno de Rousseff, «legítima depositaria del mandato popular expresado en las últimas elecciones democráticas, y contra la que no pesa, hasta el momento, una sola imputación».
A la exguerrillera se le acusa de utilizar préstamos de bancos estatales para ocultar déficits presupuestarios en 2014, año de su reelección, y en 2015, pero no es blanco de ninguna acusación por corrupción.
También desde Quito, donde se encontraba de visita, el ministro español saliente de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo se refirió a la «preocupación importante» de su país por lo que está pasando en Brasil, «un socio capital para España en términos políticos y en términos económicos».
«El Gobierno de Chile expresa su preocupación por los acontecimientos (…) que han generado incertidumbre a nivel internacional, considerando la gravitación de Brasil en el ámbito regional», dijo un comunicado de la Cancillería de Santiago, que calificó de «amiga» a Rousseff.
Desde Estados Unidos, el presidente Barack Obama «continúa teniendo confianza en la solidez de las instituciones democráticas de Brasil para enfrentar la crisis política», dijo el portavoz de su gobierno, Josh Earnest.
«Pretendemos respetar las instituciones, tradiciones y procedimientos gubernamentales», añadió Earnest durante su rueda de prensa diaria.
Frente a las muestras de preocupación, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon dijo «(confiar) en que las autoridades honrarán los procesos democráticos brasileños, con apego a las leyes y a la constitución», y llamó al «diálogo y a la calma en todos los sectores de la sociedad».
