El Parlamento venezolano, de mayoría opositora, rechazó el decreto de estado de excepción que otorga amplios poderes al presidente Nicolás Maduro, quien a su vez consideró inviable el referendo que promueve la oposición para sacarlo del poder.
La Asamblea resolvió este martes que el decreto presidencial es «una concentración de poderes» que «profundiza la grave alteración del orden constitucional y democrático», y «representa un franco abandono de la Constitución».
La última palabra la tiene ahora el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), acusado por la oposición de estar a órdenes del gobierno, y que ya anuló dos leyes y otras decisiones del actual Parlamento, al que eliminó facultades de control.
La propia coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) da por descontado que el TSJ lo dejará en firme.
El diputado chavista Elías Jaua aseguró que el estado de excepción pretende garantizar los derechos fundamentales de los venezolanos, al consagrar medidas para paliar la severa escasez de alimentos y medicinas, y garantizar la seguridad.
Revocatorio «inviable»
El rechazo al decreto se produjo horas después de que Maduro considerara «inviable» el referendo revocatorio que impulsan sus adversarios, aduciendo que pretendieron cometer un «fraude» con las firmas que entregaron al Poder Electoral para solicitarlo.
«Ninguna de las opciones que ha anunciado la derecha para acabar con la revolución y para derrocarme o revocarme tiene viabilidad política e histórica, y ninguna va a tener éxito», advirtió.
El mandatario socialista suscribió así denuncias de líderes del oficialismo sobre inconsistencias en las rúbricas que, según ellos, hacen imposible que el presidente sea revocado.
Maduro juzgó que los opositores quieren hacer estallar la violencia para tapar ese «desastre», y reiteró que «por cada firma falsificada, demanda garantizada».
Asimismo, advirtió que el Parlamento «perdió vigencia política (y) es cuestión de tiempo para que desaparezca».
Venezuela atraviesa por una crisis económica y social que se traduce, además, en la inflación más alta del mundo (180,9% en 2015) y una tasa 63,5 homicidios por cada 100.000 habitantes el año pasado), a lo que se suman cortes diarios de luz y agua.
Según la firma Datanálisis, 70% de los venezolanos apoya un cambio de gobierno.
Resistencia pacífica
El líder opositor Henrique Capriles llamó este martes a desconocer el decreto, y sostuvo que llegó la hora de que los militares decidan si «están con la Constitución o con Maduro».
Capriles reiteró la convocatoria a una manifestación el miércoles para pedir que se acelere el revocatorio.
«Hay planes para convertir esas marchas en Caracas en eventos insurreccionales y violentos. Las autoridades están obligadas a garantizar la paz», advirtió el presidente.
Pese a la vigencia del estado de excepción, en las calles de Caracas no se notaba una presencia inusual de militares o policías, aunque sí las cotidianas colas para comprar los pocos productos que llegan a los supermercados.
Como es habitual desde hace meses, en las redes sociales seguían circulando reportes sobre incidentes en esas filas y conatos de saqueos.
Poderes ilimitados
El pasado viernes, Maduro renovó por segunda vez un decreto de emergencia económica vigente desde enero. Pero le añadió el estado de excepción por 60 días, con lo cual se arrogó facultades para gobernar prácticamente en todo ámbito.
«Es una habilitación ilimitada a favor del presidente», dijo el constitucionalista José Ignacio Hernández.
Entre sus justificaciones, el decreto indica que, tras asumir el control de la Asamblea en enero pasado, la oposición pretende el «desconocimiento de todos los poderes públicos» e impulsa la «interrupción del período» de Maduro.
También menciona un complot entre la oposición y factores de poder en Washington para generar violencia y justificar una intervención extranjera.
Maduro denunció dos incursiones de un avión militar estadounidense en territorio venezolano el 11 y 13 de mayo, ante lo cual presentará una protesta diplomática.
Civiles a vigilar y controlar
El decreto habilita al gobierno a «ejecutar planes especiales de seguridad que garanticen (…) el orden público».
Además atribuye a grupos civiles «funciones de vigilancia y organización», conjuntamente con la fuerza pública, «para garantizar la seguridad y soberanía».
Para reactivar la producción prevé la «asignación directa de divisas», que escasean por el desplome de los precios del petróleo, y Maduro queda facultado para ajustar la jornada laboral en el sector privado, y no solo en el público, donde se redujo a dos días a la semana, para ahorrar energía.
Para el analista Luis Vicente León, el objetivo económico del decreto es eludir a la Asamblea para la reestructuración del presupuesto.
En la primera medida bajo el estado de excepción, Maduro llamó el fin de semana a tomar las fábricas paralizadas.
La oposición quiere realizar el referendo este año, pues si se lo hace después del 10 de enero de 2017 -cuando se cumplen cuatro años del actual mandato- y Maduro pierde, los dos años restantes los completaría el vicepresidente, designado por el mandatario.
En caso contrario, se convocará a elecciones.
(18-05-2016)
