La Cámara de Representantes de Colombia aprobó este miércoles en penúltimo debate el Acto Legislativo para la Paz, una reforma constitucional que incorpora todo lo pactado que acuerden el Gobierno y las FARC para blindar jurídicamente el acuerdo al que lleguen en los diálogos de La Habana.
La decisión se tomó en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes y no contó con el apoyo de los legisladores del opositor Partido Centro Democrático, liderado por el expresidente y senador Álvaro Uribe, fuerte crítico del proceso de paz y que se retiró de las votaciones.
«Ha quedado absolutamente claro que ninguno de los artículos de este Acto Legislativo podrán aplicarse antes de que los colombianos refrenden el acuerdo final», dijo el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, en un comunicado de su despacho.
El pasado 11 de mayo las delegaciones del Gobierno y de las FARC anunciaron en La Habana un mecanismo para dotar de seguridad y estabilidad jurídica al futuro acuerdo de paz y garantizar su cumplimiento conforme al derecho colombiano y también al derecho internacional.
Por esa razón se incluyó un artículo adicional con lo anunciado ese día en el Acto Legislativo para la Paz que el Gobierno presentó a consideración del Congreso el año pasado y que ya había superado seis de las ocho votaciones necesarias.
También fue aprobado hoy el artículo que garantizará que lo pactado en Cuba sea catalogado como un «acuerdo especial» conforme a los Convenios de Ginebra, en lo que tiene que ver con los conflictos armados internos, una vez lo firmado entre en vigor.
Cristo aclaró hoy sin embargo que «elevar a acuerdo especial este acuerdo final (con las FARC) no es de ninguna manera un tratado internacional entre Estados: es un acuerdo especial entre un Estado y un grupo no estatal».
Según el jefe negociador del Gobierno colombiano, Humberto de la Calle, el futuro convenio de paz tendrá la consideración de «Acuerdo Especial» y pasará a formar parte del llamado «bloque de constitucionalidad» colombiano «en sentido estricto y con carácter transitorio».
Eso significa, según explicó esta semana el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, que los acuerdos con las FARC tendrán un blindaje jurídico que garantizará que no se cambien en el futuro.
«Lo que hay que resaltar es que se ha aceptado el procedimiento que contempla nuestra Constitución y que los acuerdos quedarán blindados para que el día de mañana no se cambie lo pactado», dijo el jefe de Estado.
Entre lo aprobado hoy por la Cámara se contempla otorgarle facultades extraordinarias al presidente por 180 días para expedir decretos con fuerza de ley, necesarios para alcanzar el objetivo exclusivo de facilitar y asegurar la implementación del acuerdo de paz.
Aunque tenga facultas extraordinarias, el presidente no podrá utilizarlas para expedir actos legislativos, leyes estatutarias, leyes orgánicas, ni nuevos impuestos.
De igual manera, el Gobierno, en los próximos 20 años, debe incluir en su Plan Nacional de Desarrollo un «Plan plurianual de inversiones para la paz» dándole prioridad a las zonas más afectadas por el conflicto interno.
Con la aprobación de hoy, la iniciativa pasa a su último debate en el pleno de la Cámara de Representantes.
(19-05-2016)
