La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, comparecerá este sábado ante el Congreso para rendir su tercera cuenta pública, en momentos de preocupación por el impacto social del deterioro económico y su incidencia en la capacidad del Gobierno para sacar adelante las reformas previstas.
La economía chilena está atravesando por una difícil situación debido al impacto de factores externos, como la desaceleración mundial y el desplome de los precios de las materias primas.
Según el Fondo Monetario Internacional, se espera que la economía chilena crezca este año solo un 1,5%, el nivel más bajo desde 2009, a lo que hay que añadir que los escándalos de corrupción que han sacudido el mundo de la política y las finanzas han mermado la confianza de los inversores.
El Gobierno asegura que las cifras económicas del primer trimestre dadas a conocer por el Banco Central son una «buena noticia» que permite albergar esperanzas en el sentido de que el balance a final de año será mejor del esperado, en opinión del ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés.
En efecto, el producto interior bruto (PIB) ha crecido un 2% interanual en el primer trimestre de 2016, por encima de los pronósticos del mercado, con una recuperación del consumo y la inversión.
Pero también es cierto que el desempleo -una variable que hasta ahora estaba bajo control- ha empezado a subir drásticamente, como pone de manifiesto el dato de que a finales de marzo en el Gran Santiago pasó de 6,8 a 9,4%.
El programa de Gobierno con el que Michelle Bachelet inició su segundo mandato (2014-2018) era tan ambicioso que los logros alcanzados hasta ahora resultan insuficientes para amplios sectores políticos y sociales.
La compleja situación económica ha obligado al Ejecutivo a dar por terminadas las principales reformas comprometidas. El pasado 11 de marzo, cuando se cumplían dos años desde su retorno a La Moneda, la mandataria consideró finalizada la «obra gruesa» de su proyecto político.
En el balance temporal del Ejecutivo destacan iniciativas como la gratuidad en la educación superior, la eliminación del sistema electoral binominal, la reforma tributaria, una batería de medidas para combatir la corrupción, la legalización de las uniones civiles entre personas del mismo sexo y la reforma laboral.
En contra de lo que sostiene la oposición, las encuestas indican que los chilenos siguen apoyando las reformas impulsadas por la presidenta, pero se muestran disconformes con la manera en que han sido implementadas, al tiempo que echan en falta cambios más radicales en materia sanitaria, educativa y de pensiones.
«Bachelet pudo haber equivocado el camino, pero los chilenos siguen mayoritariamente convencidos de que quieren llegar a la meta que Bachelet delineó en su campaña de 2013», considera el analista Patricio Navia.
Una demostración de que la opinión pública chilena sigue comprometida con las causas que llevaron a Michelle Bachelet a la presidencia por segunda vez es la participación en el proceso de discusión para elaborar una Constitución que sustituya a la de 1980, aprobada en plena dictadura militar.
Si hace un año el mensaje de la presidenta ante el Parlamento se centró en la regeneración de la vida política, convulsionada por escándalos de corrupción que salpicaron incluso a su entorno familiar, en esta ocasión se espera que la mandataria dé señales claras que contribuyan a reactivar la alicaída economía.
Y todo ello en medio de la inquietud que generan problemas como la violencia en la Araucanía, la inseguridad ciudadana, las protestas estudiantiles y estallidos de descontento social, como el reciente conflicto con los pescadores de Chiloé.
Mientras que la oposición, con el expresidente Sebastián Piñera como principal exponente, critica la gestión de Bachelet y no duda en calificarla de «desastrosa», el oficialismo confía en que el mensaje de la mandataria contribuya a superar la crisis de confianza por la que atraviesa el país.
(20-05-2016)
