Después de tres años de audiencias, este viernes se conocerá el veredicto por el Plan Cóndor en Buenos Aires. En los años 70 fue el instrumento represivo de las dictaduras de Argentina, Chile, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay.
La mayor parte de las ejecuciones o secuestros fueron perpetrados en Argentina, donde vivían como refugiados numerosos uruguayos, chilenos y paraguayos tras huir de sus países.
«Es la primera decisión judicial sobre el Plan Cóndor como estructura de coordinación represiva», dijo Gastón Chillier, director ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), ONG argentina defensora de los derechos humanos y representante de las familias de las víctimas.
Cuando se inició el juicio en 2013, había 25 acusados, entre ellos el exdictador argentino Jorge Videla (1976-1981), hallado muerto en su celda tres días después de declarar. Ya estaba condenado por crímenes de lesa humanidad.
El viernes serán 18 en el banquillo de los acusados, todos miembros del Ejército, 17 argentinos y un uruguayo.
Deberían ser muchos más, pero varios pedidos de extradición quedaron en letra muerta.
Washington sabía
En esa época Henry Kissinger era el jefe de la diplomacia estadounidense y Estados Unidos veía en las dictaduras un freno al avance de la izquierda en el contexto de la Guerra Fría.
«Los documentos desclasificados revelan una correspondencia entre un ministro argentino y Kissinger sobre el Plan Cóndor. El ministro le expone la necesidad de maximizar los esfuerzos contra el marxismo», afirma la abogada de las víctimas Luz Palmas.
«Si hay algo que deba ser hecho, hágalo rápidamente. Pero debe retomar rápidamente los procedimientos normales», le respondió Kissinger.
El Plan Cóndor preveía tres etapas, detalla la abogada.
Primero la identificación de los opositores. Segundo su eliminación o su secuestro en los países sudamericanos.
La tercera etapa, la neutralización de los exiliados en Europa o en el exterior de América del Sur, asegura Palmas, fue finalmente suspendida luego del atentado ejecutado en Washington por un agente de los servicios chilenos y de la CIA contra Orlando Letelier.
Letelier, el excanciller de Salvador Allende, fue asesinado en un atentado con una bomba en su automóvil en Washington el 21 de septiembre de 1976, ataque considerado como uno de los primeros del terrorismo en suelo estadounidense.
«Cuando sucedió el atentado contra Letelier, hubo preocupación de Estados Unidos», señaló la abogada.
«Se filtró que iban a haber operaciones en Francia y Portugal y se suspendieron», dijo.
Dos expresidentes acusados
Un caso emblemático fue el de una pareja de militantes opositores a la dictadura, María García y Marcelo Gelman, arrestados el 24 de agosto de 1976 en Buenos Aires y llevados al establecimiento automotriz Orletti, transformado en un centro de tortura.
Él (20 años) fue asesinado, ella (19), embarazada de siete meses y de nacionalidad uruguaya fue entregada a fuerzas militares en Montevideo donde dio a luz. Su familia todavía la busca.
Su hija, Macarena, confiada a una familia próxima a la dictadura uruguaya, supo de su familia biológica en el año 2000, a los 23 años.
Centenares de militares y policías han sido juzgados en Argentina por crímenes cometidos durante la dictadura (1976-1983), mientras que en los países vecinos los torturadores se beneficiaron de amnistías, como en Brasil.
«El juicio ha permitido entender mejor cómo funcionaba el Plan Cóndor en su dimensión. Hasta este juicio sólo historiadores y periodistas habían investigado el Plan Cóndor», destaca la abogada argentina.
Los militares se comunicaban entre sí con una especie de telex bautizado «condortel», cuyo manejo aprendieron de las formaciones organizadas por el Ejército de Estados Unidos en la Escuela de las Américas en Panamá.
Además de Videla, el último general que presidió Argentina (1982-1983) Reynaldo Bignone, puede sumar 20 años de prisión. Ya fue condenado en 2012 por robo de bebés de opositores apropiados por funcionarios del régimen.
El caso se basa en documentos estadounidenses del Archivo Nacional de Seguridad.
Había una estrecha colaboración entre los países miembros del Plan Cóndor.
Los servicios uruguayos estaban por ejemplo autorizados a eliminar un opositor en Argentina o pedirle a la Junta Militar en Buenos Aires que lo haga ‘desaparecer’.
