La Justicia argentina dictó este lunes el procesamiento de Carlos Lisandro Salas, secretario de Comunicaciones durante el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), por el presunto delito de abuso de autoridad, debido a hechos contra las empresas Cablevisión y Fibertel, del Grupo Clarín.
Fuentes judiciales señalaron que a Salas se le achacan las resoluciones vinculadas con la absorción de la operadora de internet Fibertel S.A. por parte de Cablevisión S.A., la mayor empresa de televisión por cable del país y que ya era propietaria de casi la totalidad de su paquete accionario.
También se procesó al exinterventor de la entonces Comisión Nacional de Comunicaciones Ceferino Alberto Namuncura y el juez Luis Rodríguez, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal número 9, dispuso además el inicio de los trámites necesarios para la elevación del caso a juicio oral.
A los dos acusados, sobre los que se trabó embargo sobre bienes y/o dinero por 10.000 pesos (unos 720 dólares), se les imputa haber realizado actos en el ejercicio de sus funciones «con el consabido designio de perjudicar los intereses y los derechos» de Fibertel y Cablevisión.
La causa se inició en 2009 por una querella de los abogados de esa última empresa y cuenta con el impulso del fiscal Gerardo Pollicita.
En 2010, el Gobierno de Fernández de Kirchner anunció la cancelación de la licencia de la operadora de internet Fibertel por «incumplimientos» de normativas del sector de telecomunicaciones.
La medida fue aplicada, según el Ejecutivo de entonces, porque Fibertel traspasó «unilateralmente» y «sin la debida autorización previa» sus servicios a Cablevisión, cuando se fusionaron ambas empresas controladas por el grupo Clarín, cargos que este conglomerado rechazó.
Este no es el único enfrentamiento entre ambas partes.
En 2013, la Corte Suprema argentina zanjó una batalla legal de cuatro años entre el Gobierno y Clarín, al declarar constitucional la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual aprobada por el Congreso en 2009.
La norma fijaba para los medios privados de difusión nacional un máximo del 35 % del mercado en cobertura de televisión de aire y un 35 % de abonados en televisión de cable, 10 licencias de radio, 24 de televisión por cable y una de televisión por satélite.
Si bien el Grupo Clarín fue el más afectado por la normativa, esta repercutió también en otros grupos de comunicación de Argentina o con intereses en el país.
(30-05-2016)
