La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, se querelló hoy contra la revista Qué Pasa por su presunta responsabilidad en un delito de injurias tras la publicación el jueves pasado de una filtración telefónica en la que se la vinculaba con supuestas irregularidades en una operación inmobiliaria.
«Es una acción que ejerce la presidenta de la República luego de consultas y diálogos con sus abogados, en su condición de persona natural», anunció el ministro portavoz, Marcelo Díaz.
La querella, interpuesta por el abogado Juan Pablo Hermosilla en el Segundo Juzgado de Garantía de Santiago, va dirigida contra quienes resulten responsables de la difusión de las escuchas telefónicas que involucraban a la mandataria en el denominado caso Caval, en el que está imputada su nuera, Natalia Compagnon.
La revista «Qué Pasa», que en febrero de 2015 destapó el caso, publicó el jueves pasado en su página web la transcripción de una conversación de Juan Díaz -un operador político próximo a la derecha- con un interlocutor desconocido, en la que se menciona a la mandataria.
«Les dije, mira este es un tema de pago. Yo no me voy a calentar la cabeza, porque si yo hablo, la viejita (Bachelet) tiene que renunciar de inmediato, les dije yo (…)», se oye comentar en la grabación a una persona que se supone que es Díaz, el gestor inmobiliario procesado en enero pasado por el caso Caval.
Nada más conocerse la publicación, la mandataria aseguró que se trataba de un «montaje» y tildó lo que ahí se decía de «canallada» e «infamia».
La revista Qué Pasa -perteneciente a Copesa, uno de los grupos editoriales más importantes de Chile- reconoció horas después que la autenticidad del contenido de la grabación no había sido verificada, retiró el texto de su sitio web y ofreció disculpas.
En tanto, el fiscal del caso Caval, Sergio Moya, aseguró este domingo al diario El Mercurio que Díaz -quien actualmente se encuentra bajo arresto domiciliario- «sabía o sospechaba» que estaba siendo grabado cuando hizo las declaraciones.
El semanario salió esta noche al paso de la querella que presentó la presidenta al señalar en una declaración que «todas las autoridades se encuentran sometidas al escrutinio y fiscalización de los ciudadanos, y los medios de comunicación tienen una especial misión en este sentido, ya que efectúan este control de quienes ejercen el poder, como parte esencial del funcionamiento de la democracia. La presidenta de la República no está exenta de este control», aseveró.
«Por este motivo, añade la nota, consideramos de la mayor gravedad y rechazamos la presentación de esta acción criminal que intenta coartar la libertad de expresión».
Frente al anuncio del portavoz de Gobierno, Marcelo Díaz, Qué Pasa sostuvo que «el hecho que la querella sea presentada por la presidenta en calidad de ciudadana no disminuye esta presión, ya que ambas calidades son inseparables. De otra manera no se entendería que la presentación de la querella fuera anunciada por el ministro Secretario General de Gobierno».
«Para defender la libertad de expresión amenazada recurriremos a todas las instancias, nacionales e internacionales, tanto jurisdiccionales como gremiales, pues consideramos que los peligros relacionados con esta acción gubernamental, merece reaccionar con la mayor fuerza», finaliza la declaración.
Desde que estalló en enero del año pasado, el caso Caval ha golpeado con dureza la popularidad de Bachelet.
Natalia Compagnon, esposa del hijo mayor de la presidenta, está siendo investigada por la presunta comisión de tráfico de influencias y uso indebido de información privilegiada en relación con un millonario negocio inmobiliario de la empresa Caval, de la cual es socia.
La empresa compró unos terrenos que poco después vendió con una ganancia de unos cuatro millones de dólares, operación que financió con un crédito que personalmente otorgó Andrónico Luksic, uno de los dueños del Banco de Chile.
Con el paso de los meses, el caso Caval se ha convertido en una intrincada trama en la que, además de los dueños de la empresa, están implicados funcionarios del ayuntamiento de Machalí, gestores inmobiliarios, abogados y el síndico de quiebras Herman Chadwick.
