Autoridades de México y un sanguinario cártel narcotraficante han cometido en la última década asesinatos, desapariciones y torturas, «crímenes de lesa humanidad» derivados de la guerra antidrogas, según un reporte de la organización estadounidense Open Society Justice Initiative que el gobierno mexicano desmintió este lunes.
Desde diciembre de 2006 hasta finales de 2015, más de 150,000 personas fueron asesinadas «intencionalmente en México» y «miles de personas han desaparecido», apuntó la organización con sede en Nueva York que lucha contra abusos de derechos humanos en el mundo.
Los crímenes han sido perpetrados «tanto por actores gubernamentales federales, como por miembros del cártel de los Zetas», y las víctimas no sólo son mexicanos, sino también «inmigrantes de Centroamérica, que viajan por rutas peligrosas a través del país», prosigue el informe elaborado durante tres años y divulgado este lunes.
Pero el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto se defendió en un comunicado: «De manera categórica se rechaza cualquier señalamiento, por ser infundado, sobre la posible existencia de crímenes contra la humanidad en México».
«La inmensa mayoría de los crímenes violentos ha sido cometida por las organizaciones criminales, a las cuales las instituciones federales han hecho frente de manera sistemática», aseguró el gobierno, al argumentar que en aquellos «casos excepcionales» en que se demostró la participación de funcionarios públicos, «han sido detenidos, juzgados y sentenciados por tribunales civiles».
Fundado en los años noventa por militares de élite desertores, Los Zetas es considerado el cártel que con su extrema violencia desató la escalada de atrocidades vivida en México a raíz de la ofensiva militar contra el narcotráfico lanzada en 2006 y que hasta la fecha ha dejado más de 100.000 muertos y 22.000 desaparecidos según cifras oficiales.
Pero Open Society no descarta que otros cárteles también hayan cometido crímenes de lesa humanidad en el país.
Ayuda internacional
Para la ONG, la estrategia antidrogas del gobierno implica «el uso de una abrumadora fuerza extrajudicial en contra de la población civil supuestamente asociada con los cárteles delictivos, sin una regulación adecuada». Así, «las fuerzas federales han cometido numerosos asesinatos, desapariciones forzadas y torturas, dejando ver un patrón de comportamiento muy claro que permite concluir que no se trata de actos aislados ni al azar», añadió.
Las víctimas durante la guerra militarizada contra el narcotráfico «incluyen miembros de los cárteles delictivos pero también muchos ‘falsos positivos’: civiles acusados sin ningún fundamento (…) a menudo víctimas de tortura para que se auto incriminen o incriminen a otros, y frecuentemente víctimas de desapariciones o asesinatos», explicó la organización.
Por su parte, el gobierno replicó que el número de quejas ante el Ombudsman por presuntas violaciones de derechos humanos se redujo de 1.450 en 2012 a 538 en 2015.
La Open Society Justice urgió a México a aceptar la intervención de investigadores extranjeros independientes para resolver los casos de abuso de fuerza, pero el gobierno aseguró que, aunque «reconoce que enfrenta retos de primera importancia en materia de derechos humanos (…) tiene las capacidades y la voluntad para atender sus desafíos».
Historial de denuncias
La Policía Federal y el Ejército de México han sido blanco de numerosas denuncias sobre violaciones a derechos humanos desde que el expresidente Felipe Calderón (2006-2012) desplegó a esas fuerzas en las calles.
Estas denuncias han seguido ocurriendo bajo el mandato de Peña Nieto, quien insiste en mantener el despliegue militar hasta que se garantice la seguridad.
Entre los casos emblemáticos está la desaparición en 2014 de 43 estudiantes de la escuela rural de Ayotzinapa (Guerrero, sur) a manos de policías locales, y la supuesta ejecución extrajudicial de al menos ocho de 22 presuntos delincuentes por parte de militares en Tlatlaya (Estado de México, centro).
«Sin embargo, hay muchas otras localidades (…) que no han quedado exentas del dolor», expuso Open Society Justice, al subrayar que «la posibilidad de establecer responsabilidades ante la Corte Penal Internacional no deja de ser una opción si México sistemáticamente sigue sin investigar y procesar crímenes atroces».
