El expresidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, fue imputado este jueves por los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, por supuestamente dirigir una estructura criminal que saqueó al Estado entre 2012-2015.
La acusación la formuló la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) del Ministerio Público durante la audiencia de primera declaración contra más de medio centenar de miembros de una red denominada «cooptación del Estado».
El representante de la Feci describió ante el juez Miguel Ángel Gálvez, del Juzgado B de Mayor Riesgo, la forma en la que los integrantes de la estructura recolectaron comisiones por contratos públicos otorgados a empresarios.
Aseguró que Pérez Molina, quien está en prisión preventiva por otro caso de corrupción, recibió regalos por 33 millones de quetzales (4,31 millones de dólares) reunidos por ministros de su Gobierno, entre ellos el de Gobernación, Mauricio López Bonilla y los de Defensa, Ulises Anzueto y Manuel López, arrrestados el pasado fin de semana y acusados este jueves.
También colaboraron los de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, y de Energía, Erick Archila, prófugos de la justicia, agregó.
Los 4,31 millones de dólares se fueron en regalos de casas, carros, lanchas y un helicóptero, afirmó el representante de la Feci durante la audiencia de imputación que terminó este jueves.
Pérez Molina fue acusado de haber administrado 290 millones de quetzales (37,9 millones de dólares) producto de las comisiones que cobró la estructura a contratistas del Estado.
«En su calidad de presidente aceptó y recibió de manera habitual y reiterada por lo menos 290 millones de quetzales en concepto de comisiones ilícitas, los cuales sirvieron para usted, (la exvicepresidenta Roxana) Baldetti y otros funcionarios», precisó el fiscal.
Según las investigaciones apoyadas por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), el dinero provino de al menos 70 contratos negociados, entre otros, por Juan Carlos Monzón, exsecretario privado de la exvicepresidenta Baldetti, también imputada hoy por los mismos delitos que Pérez Molina.
Monzón es el «colaborador eficaz» del MP en este caso y es quien en declaración de «anticipo de prueba», relató a los fiscales la forma como la red se hizo con cantidades millonarias en «coimas».
La estructura está conformada por más de medio centenar de personas, entre exfuncionarios, banqueros, financistas, contratistas y abogados, a los que la Feci acusó entre el martes y miércoles último.
«Primero, recibieron dinero ilícito para la campaña política y uso personal que provenía de contratistas del Estado y una vez ganaron la elección, la organización respondió a los compromisos de la campaña y pagaron los contratos que debía el Estado», sostuvo.
De acuerdo con la imputación, al llegar al poder Pérez Molina y Baldetti el 14 de enero de 2012, la organización tomó el control «absoluto» de varias dependencias públicas y designaron a Monzón para negociar contratos y pago de comisiones que luego blanqueaban a través de empresas de fachada.
Según la Feci, la red operó hasta abril de 2015 cuando fue desarticulada la trama de defraudación aduanera conocida como «La Línea», que llevó a salir del poder al exbinomio presidencial y por la que ya fueron acusados ambos, entre otros implicados.
(17-06-2017)
