La Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal de Argentina ratificó hoy el procesamiento dictado contra el empresario Lázaro Báez, cercano a la familia Kirchner y acusado de presunto lavado de dinero, y ordenó al juez que dirige la causa investigar a la expresidenta Cristina Fernández.
Según el fallo publicado hoy en el Centro de Información Judicial, el tribunal rechazó el pedido de la defensa de Báez para dejar sin efecto el procesamiento dictado en su contra por el juez federal Sebastián Casanello el pasado abril.
Aunque los jueces Eduardo Farah y Martín Izurzun avalaron la postura de Casanello sobre el procesamiento contra Báez, discreparon con la línea de la investigación que tiene a su cargo el magistrado, un enfoque al que consideran «errado» y «equivocado».
Báez, detenido desde abril pasado en forma preventiva en la cárcel federal de la localidad bonaerense de Ezeiza, fue el principal adjudicatario de obra pública en la sureña provincia de Santa Cruz.
Estrecho colaborador del fallecido ex jefe de Estado argentino y exgobernador santacruceño Néstor Kirchner, el empresario está acusado de integrar una presunta red de lavado de dinero proveniente de la obra pública.
Aunque el fiscal de la Causa, Guillermo Marijuán, pidió en abril pasado investigar a Fernández, hasta el momento el juez Casanello no había seguido esa línea de investigación, un enfoque reclamado debido a las sospechas sobre el presunto origen ilícito del dinero de Báez.
Los jueces remarcaron que las denuncias contra Báez apuntan a la obra pública, desde la que «habrían partido las cantidades muchas veces millonarias cuyo manejo y traspaso se investiga».
«Allí entonces, es desde donde debe iniciarse cualquier estudio», consideraron los jueces.
El fallo llama entonces la atención sobre los vínculos «al menos comerciales» que unían a las empresas de Báez con otras ligadas a la exmandataria argentina y a su familia.
Por ese motivo, creen los jueces, «es de la lógica más elemental sospechar acerca de la íntima relación existente entre la cuantiosa adjudicación de obra pública a Báez (y su grupo económico)» y los vínculos que el empresario tenía con Kirchner y Fernández.
«El más elemental sentido común torna necesario que se avance sobre las sospechas que vinculan a la procedencia ilícita de los bienes, con la larga lista de adjudicaciones de obras públicas que beneficiaron a empresas de Lázaro Báez, en forma paralela a las relaciones -cuanto menos- personales y comerciales que lo unían con las más altas autoridades del Poder Ejecutivo», indicaron.
La causa contra Báez, conocida en Argentina como ‘la ruta del dinero K’, comenzó hace tres años a raíz de un informe periodístico, y tomó impulso en marzo pasado cuando se difundió un video de 2012 que muestra a Martín, hijo de Báez, en una financiera contando miles de dólares.
En la causa, el fiscal Marijuán también ha pedido investigar al exministro de Planificación Federal Julio De Vido (2003-2015), quien tuvo a su cargo la distribución de la obra pública en los Gobiernos kirchneristas. (30-06-2016)
