El Gobierno de Venezuela manifestó hoy su rechazo «categórico» a la decisión del Congreso estadounidense de extender por tres años las sanciones a sus funcionarios que fueron impuestas en 2014 por su supuesta vinculación con violaciones a los derechos humanos o corrupción y que expiraban a finales de 2016.
«La República Bolivariana de Venezuela rechaza categóricamente la aprobación en el Congreso estadounidense de la extensión de las sanciones unilaterales, ilegales y violatorias del Derecho Internacional, que los Estados Unidos de América mantiene sobre nuestro país», dijo la Cancillería venezolana en un comunicado.
En el texto oficial se «exige» al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, «respetar el Derecho Internacional y los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas».
También se insta al gobernante estadounidense «a no promulgar esta ley que va en contra del sistema multilateral y a derogar su orden ejecutiva, una vez que él mismo ha reconocido públicamente que Venezuela no representa ninguna amenaza a los Estados Unidos».
En el comunicado se indica, además que «la comunidad internacional ha ratificado este mensaje exigiendo la derogatoria de las acciones unilaterales estadounidenses».
La Cancillería señala que esta «imposición de sanciones unilaterales» evidencia «el doble discurso del Gobierno estadounidense» que dice estar a favor del diálogo en el país caribeño y, al mismo tiempo, «alienta» a sectores «violentos de la oposición» para que «continúen saboteando los intentos por mantener la paz».
El Congreso de Estados Unidos aprobó ayer la extensión por tres años más de las sanciones impuestas en 2014 contra algunos funcionarios venezolanos supuestamente vinculados con violaciones a los derechos humanos o corrupción.
La Cámara de Representantes sometió este miércoles a votación el proyecto legislativo, que a su vez ya había sido aprobado por el Senado en abril pasado, por lo que ahora solo resta que el presidente Obama lo rubrique para que entre en vigor.
La ley, impulsada originalmente en 2014 por el senador republicano Marco Rubio y el senador demócrata Robert Menéndez, congela activos en territorio estadounidense y sus visados a algunos de los miembros del Ejecutivo de Nicolás Maduro, así como a otros que lo fueron pero ya no ocupan cargo.
La ley original nació en respuesta a la represión emprendida ese año por el Gobierno venezolano contra estudiantes y miembros de la sociedad civil que se manifestaron en su contra, provocando numerosos enfrentamientos y arrestos que dejaron 43 muertos y cientos de heridos.
Las relaciones entre EE.UU. y Venezuela han sido conflictivas desde la llegada al poder en 1999 del ya fallecido presidente Hugo Chávez, mentor y antecesor de Maduro, y desde 2010 las delegaciones de EE.UU. en Caracas y de Venezuela en Washington no cuentan con embajadores.
A mediados de junio pasado el secretario de Estado estadounidense, John Kerry, se reunió con la canciller venezolana, Delcy Rodríguez, y acordaron reanudar el diálogo bilateral.
