El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha llevado a cabo una purga de dimensiones excepcionales tras el fallido intento de golpe de Estado del pasado viernes, con casi 50.000 trabajadores destituidos y cerca de 8.000 detenidos.
Policías, jueces y profesores, tanto del sector público como privado, han sido apartados de sus puestos de trabajo, mientras que entre los detenidos, además de militares, figuran jueces, fiscales y civiles, según las cifras facilitadas por los medios turcos.
Pese a su magnitud, todas estas cifras «van a cambiar», según el primer ministro turco, Binali Yildirim, dejando claro que la purga continuará.
Las medidas adoptadas por Erdogan han alarmado a la comunidad internacional, y la ONU, al igual que varios gobiernos e instituciones, ha urgido a Turquía a mantener el respeto de la legalidad y la defensa de los derechos humanos.
En los dos últimos años el Gobierno turco ya había ordenado suspensiones masivas en la policía, dirigidas contra supuestos seguidores del predicador conservador Fethullah Gülen, a quien Erdogan acusa de instigar la asonada fallida.
Las cifras de la purga:
Destituidos: el total de trabajadores, públicos o privados, que han sido suspendidos de empleo a consecuencia del golpe llega a 49.337 personas, según el diario Hürriyet.
– 21.000 profesores de centros educativos privados.
– 15.200 profesores y otros funcionarios de Educación han sido suspendidos del servicio y se ha iniciado «una investigación respecto a cada una de esas personas», según el Gobierno – Orden de dimisión a los 1.577 decanos de facultades turcas, tanto de las universidades públicas como de las privadas.
– 8.777 empleados del Ministerio del Interior, la mayoría de ellos policías y gendarmes, entre los que figuran 11 generales y 61 coroneles.
– 1.500 funcionarios del Ministerio de Finanzas – 257 trabajadores de la Oficina del Primer Ministro.
– 2.745 jueces y fiscales han sido suspendidos, entre ellos cinco miembros del Consejo Supremo de Jueces y Fiscales, el cuerpo que decide sobre los nombramientos en la Judicatura.
– Un gobernador provincial, 29 exgobernadores, 52 responsables de distritos, registradores de la propiedad, asesores judiciales e incluso 12 conserjes en edificios públicos han caído en la depuración.
Detenidos:
– 8.660 «golpistas» detenidos, de los que 990 han sido enviados a prisión preventiva por orden de un juez, según cifras oficiales.
Entre los detenidos figuran 6.000 militares, 100 policías, 755 jueces y fiscales, así como 650 civiles.
De los militares arrestados, 118 son generales, lo que supone un tercio de todos los generales y almirantes que componen la cúpula de las Fuerzas Armadas, y los dos pilotos del caza que el pasado noviembre derribaron un avión de combate ruso que supuso un enfriamiento de las relaciones con Rusia.
Entre los nombres propios figura el general Akin Öztürk, excomandante de las Fuerzas Aéreas turcas y señalado como líder del intento de derrocar al Gobierno, aunque según él trató de detenerla, así como los comandantes del 2º y 3º Ejército de las fuerzas terrestres.
También han sido arrestados el coronel Ali Yazici, asesor jefe militar de Erdogan, y Erkan Kivrak, un asesor militar del presidente de rango inferior.
Medidas excepcionales:
– Prohibición de viajar al extranjero de todos los empleados públicos, a no ser que cuenten con permiso expreso de sus superiores.
– Orden de interrupción de las vacaciones y regreso a los puestos de trabajo de los funcionarios – Retirada de licencia a 24 medios de comunicación, por orden del Consejo Supremo de Radio y Televisión de Turquía (RTÜK).
Otras medidas en estudio:
– Restauración de la pena muerte.
Es una posibilidad abierta por Erdogan para castigar a los «traidores» que han participado en el golpe. Aparte del AKP, el partido islamista en el poder, sólo el partido ultranacionalista MHP respalda una eventual restauración de la pena capital, abolida definitivamente en 2004.
(20-07-2016)
