La defensa de la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, suspendida de sus funciones por un juicio político, entregó hoy al Senado sus alegatos de conclusión, en los que insiste en que no cometió delitos que justifiquen su destitución.
Los alegatos finales fueron entregados por José Eduardo Cardozo, quien representa a la mandataria, a la comisión del Senado a cargo del juicio político, que la próxima semana retomará sus audiencias.
En el documento, de unas 500 páginas, Cardozo insiste en que la presidenta no cometió ningún «crimen de responsabilidad», que es como la Constitución brasileña define las situaciones que pueden provocar la destitución de un mandatario.
Rousseff está acusada de delitos en el manejo de los presupuestos y de haber emitido decretos que alteraban el gasto público sin la debida autorización del Congreso, lo que, según sostiene la defensa, fueron meras «faltas administrativas» en las que incluso incurrieron otros gobernantes.
Los alegatos presentados por Cardozo poco agregan a lo que la propia defensa ha argumentado durante todo el proceso instaurado el pasado 12 de mayo, cuando Rousseff fue suspendida y sustituida por su entonces vicepresidente, Michel Temer.
Sobre Temer, Rousseff ha dicho una y otra vez que fue uno de los «arquitectos» del «golpe», como define el proceso y sostiene que por eso mismo carece de «toda legitimidad» para ejercer el poder.
Uno de los argumentos nuevos es un informe de la Fiscalía, que considera que los cargos imputados a Rousseff no constituyen delitos penales, aunque sí pudieran suponer un «abuso de poder» o una «falta de probidad administrativa».
Otro de los puntos de la defensa reitera la tesis de que el inicio del proceso estuvo en una «venganza» del entonces presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, quien aceptó a trámite las acusaciones en diciembre y renunció al cargo este mismo mes acusado de corrupción.
Esa hipótesis sostiene que Cunha pidió apoyo a Rousseff frente a un proceso interno en la Cámara de Diputados que le puede costar el escaño y que, como esta lo negó, decidió darle curso al trámite.
Según el cronograma de trabajo del proceso, las audiencias serán retomadas el próximo martes, cuando el instructor del caso en la comisión del Senado, Antonio Anastasia, presentará un informe en el que recomendará avanzar hacia la destitución o archivar la causa.
Ese informe será debatido al día siguiente en la comisión de 21 miembros, en la que los senadores afines a Rousseff tienen una clara minoría, y votado el jueves en esa instancia.
De acuerdo con ese mismo cronograma, que puede ser alterado, el viernes 5 de agosto, cuando serán inaugurados los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, el pleno del Senado se reunirá para escuchar la lectura de ese informe.
Tras ese trámite, el pleno del Senado realizará una nueva sesión el martes 9, en la que el informe será votado.
Si por mayoría simple entre los 81 senadores se decidiera apoyar el proceso, el pleno de la Cámara alta será convocado por la Corte Suprema para una última sesión que se realizará a fines de agosto, en la cual Rousseff sería despojada de su mandato si lo aprobara una mayoría calificada de 54 votos.
En caso contrario, Rousseff sería absuelta y recuperaría el cargo una vez que se publique la sentencia, lo que relegaría a Temer otra vez a una Vicepresidencia que sería virtualmente inviable, tras el claro distanciamiento y enemistad entre ambos. (28/07/2016)
