Tras complicadas reformas al sistema educativo y laboral, la presidenta chilena Michelle Bachelet cedió a las presiones y se lanzó a reformar el sistema de pensiones instaurado por la dictadura de Augusto Pinochet y cuestionado por sus bajas retribuciones.
Dos semanas después de que más de un millón de chilenos se manifestaran contra de las privadas Administradoras de Pensiones (AFP), que administran los fondos de jubilación de casi 10 millones de afiliados, Bachelet propuso 12 medidas para modificar el sistema, entre ellas aumentar en cinco puntos la tasa de cotización con cargo al empleador pero sin plantear una modificación completa.
El sistema de pensiones chileno fue pionero en instaurar la capitalización individual de los trabajadores sin considerar ningún aporte del empleador. La tasa de cotización hoy alcanza al 10% del salario mensual, con pensiones que en promedio llegan a los 400 dólares, por debajo del salario mínimo.
«Las propuestas que hemos planteado van en el contexto de responsabilidad económica», dijo la Bachelet este miércoles, tras el anuncio oficial lanzado la noche del martes, que no consideró retornar al antiguo sistema de reparto que existía hasta antes de 1981.
«Valoramos el gesto pero lo consideramos altamente insuficiente», criticó Luis Mesina, al frente del movimiento ciudadano «No+AFP», que llamó para esta noche a un gran «cacerolazo» en contra del sistema de pensiones chileno y otra marcha para el 21 de agosto.
La asociación de AFP, en tanto, advirtió que «algunos de los anuncios esbozados pueden terminar perjudicando las pensiones de nuestros afiliados».
Cambios sin demora
Con una popularidad en niveles históricamente bajos (22%), Bachelet acaba de cerrar una ambiciosa reforma educativa para modificar el sistema legado también de la dictadura, en una exigencia que por años agitaron miles de estudiantes en multitudinarias marchas callejeras. También planteó una reforma laboral. Pero la reforma planteada no dejó satisfecho a los estudiantes, que mantienen su presión sobre Bachelet a la espera de una reforma más profunda que remueva de forma definitiva el sistema legado por Pinochet, uno de los más caros y desiguales del planeta.
Sin el respaldo ciudadano con el que gozada hasta antes del estallido del escándalo de corrupción que involucra a su hijo, Bachelet resolvió endosar al próximo gobierno una comprometida reforma a la Constitución redactada en dictadura pero cedió a la presión social para hacer los cambios en el sistema de pensiones.
«Ha llegado la hora de emprender estos cambios sin demora. Los ciudadanos nos lo demandan y existe un amplio acuerdo entre expertos y entre los actores involucrados», señaló en el mensaje televisado la mandataria, que ya en el inicio de su mandato en 2014 convocó a una comisión de expertos para analizar cambios al sistema sin decidirse a comprometer una reforma hasta ahora.
Para concretar los cambios, Bachelet convocó a un proceso de conversaciones y dialogo en busca de «construir un gran acuerdo» con todos los actores sociales.
Millonarios recursos
El programa de reformas tendrá un costo de unos 4.000 millones de dólares, de los cuales 1.5000 corresponderá al fisco, en momentos que la economía chilena enfrenta una fase de desaceleración, explicó este miércoles el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés.
«Este cambio de cinco puntos porcentuales es un cambio muy relevante. Si consideramos que cada punto porcentual de la cotización equivale en torno a 0,3 puntos del PIB, son 765 millones de dólares, incluyendo a los (trabajadores) independientes», dijo Valdés.
El aumento de la cotización se realizará de manera gradual, en un plazo máximo de 10 años, permitiendo la creación de un fondo de ahorro «colectivo solidario» para aumentar las actuales pensiones y las futuras jubilaciones de los trabajadores que cotizan.
Además, Bachelet propuso fortalecer el llamado «pilar solidario» que permite la entrega de una pensión universal mínima y mayores regulaciones a las AFP, que deberán devolver las comisiones por administración cuando obtengan pérdidas en la administración de los fondos.
El sistema de capitalización absolutamente individual -pionero en el mundo e imitado en varios países- prometió en su creación una tasa de jubilación del 70% del último salario pero transcurridas más de tres décadas la promesa no se ha cumplido.
El sistema perjudica en especialmente a las mujeres, que cotizan menos años y suelen interrumpir la continuidad laboral cuando tienen hijos.
Hoy las AFPs administran unos 170.000 millones de dólares aportados por los trabajadores para sus jubilaciones, invertidos en acciones o renta fija y cuyas pérdidas son asumidas por los cotizantes.
(10-08-2016)
