La presidenta suspendida de Brasil, Dilma Rousseff, jugó su última carta para intentar impedir su destitución y prometió impulsar un plebiscito para adelantar las elecciones en el caso de que fuera absuelta y recuperara el poder.
La propuesta fue presentada durante un pronunciamiento, en el que la mandataria divulgó la llamada «Carta a los Brasileños», en la cual insiste en su inocencia y dice que si el juicio político al que está sometida acaba con su destitución, Brasil estará frente a «un golpe de Estado».
En el documento, de cuatro páginas, Rousseff afirma que en los últimos meses, desde que fue separada del poder el pasado 12 de mayo, ha estado más «en contacto con el pueblo» y escuchado críticas a su gestión que le ayudaron a entender sus «errores», que no citó.
También dice que «Brasil vive uno de los momentos más dramáticos de su historia» y que la solución para la «grave crisis política y económica» del país «pasa por el voto popular, en unas elecciones directas».
En ese marco, se comprometió a que, si fuera absuelta y volviera al poder, promoverá un plebiscito para consultar a la sociedad sobre la posibilidad de adelantar las elecciones previstas para octubre de 2018.
También sostuvo que «en la transición» que se abriría en caso de que se acepte su propuesta, sería necesario un «amplio diálogo» con «todas las fuerzas vivas de la Nación, con la clara conciencia de que los que nos une es Brasil».
Ese diálogo, según Rousseff, debería girar en torno a medidas para «generar más y mejores empleos, fortalecer la salud pública, ampliar el acceso y elevar el nivel de la educación, garantizar el derecho a la vivienda» y otros asuntos típicos de campaña electoral.
En su mensaje, sin embargo, no explicó que la realización de una consulta de esa naturaleza dependería del apoyo de un Parlamento que se apresta para iniciar la última fase del juicio político que le puede costar el cargo.
Ese tramo definitivo del proceso comenzará el próximo 25 de agosto y se prevé que durará entre tres y cinco días, al cabo de los cuales el Senado tomará una decisión definitiva sobre la suerte de la presidenta.
Rousseff será despojada del poder si así lo decide una mayoría calificada de 54 votos, que suponen dos tercios del Senado.
En ese caso, el mandato que vence el 1 de enero de 2019 será completado por Michel Temer, quien como vicepresidente la sustituye interinamente desde que fue suspendida.
No obstante, si Rousseff fuera absuelta de las acusaciones que justificaron el juicio político, que se fundamentan en unos manejos irregulares de los presupuestos, recuperaría el poder y Temer sería otra vez relegado a la vicepresidencia.
La semana pasada, en una maratoniana sesión, el Senado realizó una primera votación para decidir sobre la continuidad del proceso, que fue respaldada por 59 votos frente a sólo 21 que se inclinaban por archivar la causa.
Esos 59 votos superan en cinco los que serán necesarios para que, en la fase final del juicio que empezará la semana próxima, Rousseff sea finalmente destituida.
Ese escenario lleva a que, para impedir la destitución, al menos seis de los senadores que votaron por la continuidad del proceso cambien de opinión para la semana próxima, porque de otro modo la suerte de Rousseff estará echada.
Aun así, la mandataria insistió en que se propone «luchar con todos los instrumentos legales existentes para garantizar la democracia en Brasil» y se dirigió directamente a los senadores, para clamar por su «inocencia» y pedir su absolución.
«Este proceso es frágil, jurídicamente inconsistente, un proceso injusto, desencadenado contra una persona honesta e inocente», dijo Rousseff, quien apuntó que «no existe injusticia más devastadora que condenar a un inocente».
(17-08-2016)
