La presidenta brasileña Dilma Rousseff, incurrió un «gran fraude fiscal», afirmó hoy un funcionario de un organismo de auditoría del Estado en la primera audiencia de la fase final del proceso de destitución, que concluirá la semana próxima.
El procurador del Ministerio Público de Cuentas Julio Marcelo de Oliveira, que detectó las irregularidades que dieron pie al proceso contra Rousseff, detalló las prácticas ilegales que supuestamente cometió la mandataria al comparecer ante el pleno del Senado, citado por la parte acusadora.
La mandataria, suspendida de sus funciones desde el pasado 12 de mayo, cuando se instauró el juicio político, está acusada de emitir decretos que modificaron los presupuestos sin la venia del Congreso y de contratar créditos con la banca pública en favor del Gobierno.
De Oliveira dijo ante el Senado que se comprobó «el uso de los bancos públicos como fuentes de recursos para financiar programas sociales del Gobierno», lo cual está vedado por la ley.
La investigación constató que, desde 2014, el Gobierno dejó de depositar en la banca pública, usada como agente de pagos, parte de los montos previstos para seguros de desempleo, subsidios a los más pobres y créditos para campesinos, entre otras obligaciones.
Según el fiscal, esas prácticas y los atrasos en los depósitos en la banca pública le causaron al Estado un perjuicio calculado en unos 6.000 millones de reales (1.875 millones de dólares) en 2015, solamente por concepto de intereses.
También afirmó que la alteración de los presupuestos mediante decretos puede ser realizada, pero siempre y cuando el Parlamento lo autorice antes, lo que no ocurrió en los casos en que se apoya la acusación.
El fiscal aclaró que «no son actos de tipo penal», pero que sí violan diversos aspectos de la Constitución y de la llamada Ley de Responsabilidad Fiscal, que regula el uso del dinero público.
En su opinión, durante la gestión de Rousseff hubo «una evidente falta de probidad en el manejo de los recursos públicos» y también un «gran fraude fiscal», cometido a pesar de que el Gobierno había sido advertido sobre esos asuntos.
De Oliveira fue el primero de los dos testigos de la acusación escuchados por el Senado, ante el cual también se presentarán otros seis presentados por la defensa.
Las declaraciones de los testigos terminarán la noche de este viernes o durante la madrugada del sábado, tras lo cual habrá un receso hasta el lunes, cuando comparecerá la propia Rousseff.
La mandataria acudirá por primera vez ante el Senado desde que se instauró el proceso, el pasado 12 de mayo, cuando fue suspendida de sus funciones y sustituida en forma interina por el hasta entonces vicepresidente Michel Temer, quien continuará en el poder en caso de la destitución de Rousseff.
Tras escuchar a Rousseff, habrá un espacio para debates y, una vez concluidos, el Senado procederá a la votación en que decidirá su suerte, la cual sería realizada el martes o miércoles.
