«¿Apoya usted el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera?»: los colombianos deberán responder esta pregunta en el plebiscito sobre el pacto con las FARC, convocado oficialmente para el 2 de octubre.
Flanqueado por ministros y legisladores, el presidente Juan Manuel Santos firmó este martes el decreto que cita a los colombianos a pronunciarse sobre el acuerdo alcanzado la semana pasada en La Habana con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, marxistas), al que se oponen sectores de derecha.
«Esperamos, por supuesto, que le den un ‘Sí’ a este acuerdo, para enterrar definitivamente medio siglo de guerra», dijo Santos, un político de centroderecha que ha hecho de la pacificación de Colombia el buque insignia de su mandato, para el que fue electo en 2010 y reelecto en 2014.
El lunes, el Congreso aprobó que Santos convocara el plebiscito, que ya había sido avalado en julio por la Corte Constitucional como el mecanismo para refrendar popularmente el acuerdo. El alto tribunal ratificó entonces que éste quedará aprobado con 4,4 millones de votos por el ‘Sí’ (13% del censo electoral) si estos superan a los votos por el ‘No’.
El mandatario destacó que la consulta sobre el acuerdo, un documento de 297 páginas que el gobierno divulgó en diversos medios, y también en seis lenguas nativas, es «muy concreta».
«Es una pregunta clara, sencilla, que no da lugar a ninguna confusión», apuntó Santos, anticipándose a un debate que ya empezó en medios locales porque no menciona a las FARC, principal guerrilla de Colombia, alzada en armas desde 1964.
Añadió que, con el comienzo la víspera del cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo con las FARC, la votación se «dará sin confrontación armada» y el gobierno dará «todas las garantías» para hacer campaña en uno y otro sentido «y para votar con tranquilidad».
La «resistencia civil» de Uribe
Pero Santos, que lideró una fuerte ofensiva militar contra las FARC como ministro de Defensa de su predecesor Álvaro Uribe (2002-2010), enfrenta la férrea oposición del expresidente, quien considera que el acuerdo otorga «impunidad» a los guerrilleros.
Poco después de que Santos revelara la pregunta del plebiscito, el actual senador y líder del derechista Centro Democrático, radicó una demanda de inconstitucionalidad contra el Acto Legislativo para la Paz, la norma que plantea los mecanismos para implementar y blindar jurídicamente el acuerdo de La Habana.
«Nunca me había imaginado que se podría tener tal atrevimiento contra nuestra Constitución y contra nuestra democracia», afirmó Uribe, quien se presentó ante la Corte Constitucional junto a miembros de su partido, entre ellos Oscar Iván Zuluaga, el candidato que perdió las elecciones de 2014 frente a Santos, y decenas de seguidores.
El Acto Legislativo para la Paz establece el procedimiento especial de «fast track» (vía rápida), para tramitar los proyectos de ley o reformas a la Carta Magna que se necesiten para hacer efectivo el acuerdo. También otorga al presidente facultades extraordinarias para expedir decretos con fuerza de ley con respecto a lo negociado con la guerrilla.
Los uribistas entregaron junto a su demanda 1.315.968 firmas recogidas en todo el país, símbolo de la «resistencia civil» hacia el pacto con las FARC. El gobierno y las FARC convinieron que rubricarán la paz en una fecha a determinar, antes del plebiscito, dando inicio al proceso de desmovilización y dejación de armas de los rebeldes, que se extenderá por hasta 180 días.
Si triunfa el ‘Sí’, el acuerdo con las FARC pasará al Congreso, que deberá pronunciarse sobre el texto en el proceso de vía rápida. De obtener luz verde, el documento se enviará a revisión a la Corte Constitucional, que deberá dar su visto bueno, para que el presidente lo sancione como ley y entre en vigencia.
Santos ha dicho que si los colombianos rechazan el acuerdo final, se volverá a la guerra con las FARC. (30/08/2016)
