Varios Gobiernos y organismos regionales salieron hoy en defensa de Dilma Rousseff y del orden institucional en Brasil ante la destitución de la mandataria, que calificaron como un «golpe de Estado», e incluso Ecuador, Venezuela y Bolivia llamaron a consultas a sus representantes en ese país.
Tras conocerse la decisión del Senado brasileño, América se dividió entre los que rechazaron la medida contra Rousseff y los que como Argentina y EE.UU. dijeron que respetan las instituciones brasileñas y expresaron su deseo de seguir trabajando con el Gobierno del ya presidente brasileño, Michel Temer.
Venezuela, uno de los fuertes aliados del Gobierno de Rousseff, decidió «retirar definitivamente» a su embajador en Brasil y congeló «las relaciones políticas y diplomáticas con el Gobierno surgido de este golpe parlamentario».
El Gobierno de Nicolás Maduro señaló que la destitución de Rousseff fue hecha bajo «artimañas antijurídicas bajo el formato de crimen sin responsabilidad para acceder al poder por la única vía que les es posible: el fraude y la inmoralidad».
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Ecuador llamó a consultas al encargado de negocios de su embajada en Brasil y su presidente Rafael Correa afirmó que la destitución de Rousseff es una «apología» al abuso y la traición que recuerda las «horas más oscuras de nuestra América».
El gobernante de Bolivia, Evo Morales, convocó a su embajador en Brasilia y condenó «el golpe parlamentario contra la democracia brasileña. Acompañamos a Dilma, (el expresidente Luiz Inácio) Lula (da Silva) y su pueblo en esta hora difícil».
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Cuba rechazó «enérgicamente» el «golpe de Estado parlamentario-judicial» contra Rousseff, lo calificó como otra expresión de la ofensiva imperialista contra América Latina y el Caribe y «un acto de desacato a la voluntad soberana del pueblo que la eligió».
Nicaragua condenó «el golpe de Estado parlamentario» contra Rousseff y señaló que con la culminación de ese proceso «se está declarando de muchas maneras la apertura de una etapa difícil para el pueblo brasileño, donde se habla del regreso de las políticas neoliberales».
«La bancada progresista del Parlasur expresa su total repudio al golpe de Estado concretado contra la compañera Dilma Rousseff por parte de los sectores oligárquicos, conservadores y reaccionarios de Brasil. No hay más democracia en Brasil», señaló el organismo regional en un comunicado.
El Gobierno de Argentina manifestó que «respeta» el «proceso institucional» de Brasil y renovó su «deseo» de «continuar» trabajando con el Gobierno de Temer.
Estados Unidos opinó que la destitución de Dilma Rousseff se produjo dentro del «marco constitucional» del país, por lo que dijo «respetar» la decisión del Senado y prometió que trabajará con el nuevo mandatario.
El presidente de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y El Caribe (Copppal), Manolo Pichardo, expresó su preocupación e indignación por lo que calificó de «golpe parlamentario».
«Lo que hemos vivido en estos angustiosos meses fue la crónica de una muerte anunciada que responde a un plan orquestado por fuerzas de países poderosos y transnacionales en alianza con sectores conservadores del Brasil ligados al conocido pasado oscuro de la nación suramericana», dijo Pichardo, de nacionalidad dominicana.
El grupo de la Izquierda Unitaria en el Parlamento Europeo (GUE/NGL) condenó la «clara violación de la democracia» que a su juicio se ha producido en Brasil con la destitución de Rousseff.
La Confederación Nacional de la Agricultura (CNA) de Brasil, que reúne a los grandes empresarios del campo, indicó que la decisión del Senado que despojó a Rousseff de su mandato es una «victoria de la Nación y una exaltación de la ciudadanía».
La Federación de Industrias del Estado de Sao Paulo (FIESP) respaldó el proceso que terminó con la destitución de Rousseff, pero advirtió al Gobierno de Temer sobre las medidas que debe adoptar para enderezar la economía.
La ya expresidenta de Brasil Dilma Rousseff denunció que su destitución constituye la consumación de un «golpe de Estado» en el país y convocó a una «enérgica, determinada y firme oposición a los golpistas», además, su abogado presentará al menos dos recursos ante el Tribunal Supremo contra la decisión del Senado.
En su condición de vicepresidente, Temer gobernaba de forma interina desde el pasado 12 de mayo, fecha en que el Senado instauró el juicio político que llevó a la destitución de Rousseff, acusada de diversas irregularidades fiscales.
