La Cámara de Diputados de Chile rechazó hoy otorgar la libertad condicional a los violadores de derechos humanos durante la dictadura militar (1973-1990), tras aprobar por unanimidad el segundo trámite constitucional del proyecto de ley que reforma este aspecto.
El articulado, que fue aprobado por 99 votos a favor y sin ningún voto en contra ni abstenciones, modifica el sistema de libertad condicional para personas condenadas a penas con privación de libertad y remarca su carácter de beneficio y no de derecho.
En este sentido, el escrito señala que ningún beneficio podrá ser concedido «si los hechos punibles fueron cometidos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990 y si actuaron como agentes del Estado en calidad de funcionarios públicos, o de manera particular, pero ejerciendo funciones públicas o con la aquiescencia, consentimiento o por instigación de un funcionario».
El diputado del Partido Socialista, Fidel Espinoza, señaló a los periodistas que «independientemente de que algunos han defendido el tema, vinculando esto a razones humanitarias, tenemos que hacer memoria de que en este país no hubo ninguna razón humanitaria cuando ellos actuaron, para exterminar personas, para degollar o para botarlas al mar».
«Hoy de manera aplastante le hemos dicho a quienes vulneraron a chilenos y chilenas de la forma más deleznable, que tienen que cumplir con su pena efectiva, tal cual lo dicta el sistema internacional de derechos humanos», dijo por su parte el diputado comunista, miembro de la Comisión de Derechos Humanos de la cámara baja, Hugo Gutiérrez.
Además, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira, valoró la votación como «un triunfo de aquellos que luchan por la verdad y la justicia, un triunfo de las agrupaciones de familiares y las asociaciones de víctimas».
«Hoy estamos en el Congreso Nacional alegrándonos y recibiendo una reparación, porque es algo pendiente por 43 años de golpe y 26 años tras finalizar la dictadura. Seguiremos luchando por la verdad y la justicia», añadió a la prensa.
Según fuentes oficiales más de un centenar de exagentes del Estado se encuentran cumpliendo condenas por violación a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad en el penal de Punta Peuco, construido especialmente para ellos con «ciertos privilegios».
Alrededor de 3.200 chilenos murieron a manos de los represores durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), según un informe oficial.
Además, 1.192 figuran como detenidos aún desaparecidos, mientras otros 33.000 fueron torturados y encarcelados por causas políticas.
