La expresidenta argentina Cristina Fernández declarará ante la Justicia este lunes en el marco de una causa que investiga supuestas irregularidades en la concesión de obras públicas para favorecer a empresarios afines al kirchnerismo.
La exmandataria (2007-2015) fue citada por el juez federal Julián Ercolini, quien investiga el supuesto diseño de un esquema de «beneficios exclusivos» a favor del grupo Austral, propiedad del empresario Lázaro Báez -cercano al fallecido expresidente Néstor Kirchner y actualmente detenido por otra causa, por presunto lavado de dinero-, en detrimento de las arcas del Estado.
Los fiscales del caso, Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, la acusan de un presunto delito de «administración infiel» y de negociaciones incompatibles con la función pública.
El pasado 21 de octubre, los fiscales remitieron su último dictamen con nuevas pruebas para ampliar la acusación contra la expresidenta.
«La obra pública en nuestro gobierno tuvo una distribución horizontal. Estos son los principales
contratistas. Auditemos todo», se defendió este domingo la exmandataria en la red social Twitter, donde publicó una lista de las adjudicaciones durante su mandato y abogó por revisar el conjunto de las licitaciones y no solo las del sur del país, donde el grupo Austral tiene mayor protagonismo.
Fernández estaba llamada a declarar el pasado 20 de octubre pero, tras una petición interpuesta por la defensa por el inminente nacimiento de la tercera nieta de la expresidenta, Ercolini resolvió postergar la citación hasta el 31.
La defensa había pedido también anular la indagatoria por considerar que se trataba de una investigación incipiente y que las pruebas de la causa sostienen conclusiones contrarias a las acusaciones de la Fiscalía.
El abogado Carlos Alberto Beraldi, representante de Fernández para este expediente, alegó incluso que hay una «clara intencionalidad política» en esta causa.
Durante noviembre está previsto que se presenten para declarar ante Ercolini altos cargos del kirchnerismo, el exministro de Planificación Julio de Vido y los empresarios relacionados con el caso, incluido el propio Báez.
La causa, abierta en 2008 por una denuncia formulada por, entre otros, la actual diputada oficialista Elisa Carrió, busca determinar si entre 2003 y 2015 los imputados integraron una «organización criminal» ideada para «beneficiarse ilegítimamente» con el dinero público en «consecuente y grave detrimento» de las arcas estatales.
La Fiscalía ve indicios de que existió un supuesto plan para realizar millonarias obras públicas en la sureña provincia de Santa Cruz (cuna del kirchnerismo) que beneficiaron a Báez.
Esta será la segunda vez que Fernández se siente ante un juez desde que abandonó la Jefatura de Estado, en diciembre pasado, para defenderse de acusaciones sobre irregularidades en la gestión del poder.
En abril, Fernández tuvo que declarar ante el magistrado Claudio Bonadio por presunto perjuicio económico al Estado en operaciones del Banco Central realizadas durante el final de su mandato.
En aquella ocasión, miles de personas se concentraron ante los tribunales federales de Buenos Aires para acompañar a la exmandataria.
El nombre de Fernández aparece también en otras pesquisas actualmente impulsadas por la Justicia argentina, como las que investigan el proceder supuestamente ilícito de sociedades en las que es accionista. (30/10/2016)
