Convencida de que es víctima de una persecución política, la expresidenta argentina Cristina Fernández pidió este lunes a la justicia anular una causa por corrupción en su contra, inventada según ella, para tapar la crisis económica en el país.
«Esto es un disparate. Es una maniobra del actual gobierno para tapar el desastre económico», dijo Fernández al salir de tribunales donde unos 5.000 seguidores reunidos en la agrupación política La Cámpora, alzaron banderines y entonaron cánticos en su apoyo.
Cual estrella de rock ingresó a los tribunales por una puerta trasera, donde decenas de empleados se acercaron a retratarla con celulares, antes de comparecer ante el juez federal Julián Ercolini en los tribunales de Comodoro Py, en Buenos Aires.
La exmandataria es la primera de una lista de 17 personas citadas a declarar por el juez Ercolini, que investiga si su gobierno favoreció la concesión de obras públicas a Lázaro Báez, un empresario allegado a los Kirchner preso por supuesto enriquecimiento ilícito.
En una improvisada rueda de prensa al salir del tribunal, la expresidenta dijo que pidió por escrito que se anule la causa, una de las tantas que impulsó la justicia en Argentina en su contra desde que dejó en diciembre pasado el gobierno (2007-2015).
Este caso vuelve a poner a Fernández en el tapete de la actualidad argentina, donde es amada y odiada con idéntica pasión. «Para los fiscales, el gobierno (de ella) fue una asociación ilícita», acusó con ironía y aseguró que no decidió sobre las obras públicas durante su mandato.
La comparecencia a los tribunales, en el centro de la capital argentina, fue acompañada por un fuerte operativo policial. «Parece que va Pablo Escobar a Comodoro Py», ironizó el abogado de la expresidenta Gregorio Dalbón.
Al retirarse en coche se registraron algunos cruces entre policías y sus simpatizantes, que se abalanzaron para poder tocarla o retratarla.
Varios de los exministros de su gabinete la esperaron en las afueras en señal de respaldo y reiterar que para ellos todo el asunto no es más que una estrategia de distracción del gobierno.
Como Lula
La exmandataria aseguró que la causa es una «persecución política» del gobierno de centroderecha de Mauricio Macri, en el poder desde diciembre pasado.
Y la expresidenta, viuda de Néstor Kirchner (2003-2007), enfatizó una vez más que está en las antípodas políticas de Macri. Con su fallecido esposo lideraron durante 12 años un proyecto político con fuerte acento en ayudas sociales, incentivos al consumo interno y proteccionismo de la industria nacional.
«Es un disparate mayúsculo pretender que una asociación ilícita la conforma un poder ejecutivo elegido en elecciones libres», indicó tras su comparecencia.
Agregó lo que considera una «una maniobra formidable de persecución política y hostigamiento mediático que no es original, la vemos también en Brasil, con el expresidente Lula», dijo en referencia al histórico líder del Partido de los Trabajadores de Brasil, Luiz Inácio Da Silva.
«Queremos que se investigue a fondo y sin arbitrariedades ni cálculos políticos, si existió corrupción en la obra pública durante los 12 años y medio de nuestro gobierno», destacó.
Al ser consultado por este hecho, Macri dijo que «nunca más las obras (públicas) sean sinónimo de corrupción, como vemos con la cantidad de causas abiertas».
«Queremos saber qué pasó. Todos queremos que no haya más impunidad», apuntó durante un acto por inauguración de obras en Buenos Aires.
Según la acusación de los fiscales, tanto la exmandataria como el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, conformaban junto a otros exfuncionarios una «organización criminal» para favorecer al empresario Lázaro Báez, quien devolvía los supuestos favores mediante el alquiler de habitaciones en los hoteles de la familia Kirchner en Santa Cruz (sur).
(31-10-2016)
