Uruguay «incumple» con los Derechos Humanos (DD.HH.) y «las propias normas que aprobó» en su sistema carcelario, aseguró hoy el comisionado parlamentario para asuntos penitenciarios, Juan Miguel Petit.
En una entrevista con El Observador TV, Petit aseguró que el Estado de su país está «incumpliendo obligaciones» y dejando de lado las normas que se aprobaron en «algunos sectores».
«El Estado incumple con las propias normas que redactó y aprobó. Hay incumplimiento de las normas de derechos humanos que el Estado debe cumplir», sentenció.
El comisionado sostuvo que este incumplimiento no se trata de «la mala voluntad de un jerarca» sino de «un problema institucional que se cambia con voluntad, con acuerdos, con redes».
«Hay ciertas cosas mínimas que el Estado debe de asegurar. Si vamos a lo que pueden ofrecer en programas de salud mental o de empleo los países nórdicos, estamos lejos», apuntó Petit.
«Es una especie de abuso de autoridad que hace el Estado porque tiene que asegurar ciertos estándares mínimos», agregó el comisionado.
Asimismo, el parlamentario uruguayo dijo que esto constituye una «paradoja» ya que el Estado es quien recluye a quienes no cumplen con las normas en sus cárceles y, a su vez, viola los DD.HH. de los prisioneros al obviar las «carencias» en salud y educación de estos.
«Hay que soñar y pensar que el Uruguay también pueda ser en estos temas un pequeño país modelo, un referente. Tenemos que serlo, lo fuimos en un tiempo. Cuando se creó la cárcel de Miguelete vinieron criminólogos europeos a ver ese ejemplo integrador que hacía Uruguay», manifestó Petit.
A comienzos de octubre la Institución de Derechos Humanos de Uruguay (INDDHH) reveló en un informe un «altísimo» índice de hacinamiento en los centros de privación de libertad tanto de menores como de hombres y mujeres adultos, así como de violencia dentro de las cárceles.
Según el documento, esto «sigue produciendo» en el país «graves problemas» de vulneración a los derechos de las personas privadas de libertad.
El informe destacó que la tasa de encarcelamiento aumentó en el país desde 1987, cuando se registraron 61 personas privadas de libertad por cada 100.000 habitantes, hasta la actualidad donde la tasa llega a 288 encarcelados cada 100.000 habitantes. (13/10/2016)
