La Oficina Antifraude Europea (OLAF) anunció este lunes que ha abierto cuatro investigaciones ligadas a los «papeles de Panamá» que afectan a unos 40.000 nombres de personas o enseñas vinculadas de algún modo a la Unión Europea (UE).
«Estamos haciendo un análisis de inteligencia con los datos disponibles para conectar los nombres de miembros o personal de la UE, expertos o entidades financieras relacionadas con la UE», explicó a Efe el director general de la OLAF, Giovanni Kessler, tras participar en una audiencia pública con eurodiputados.
Kessler dijo que «podría haber miembros de las instituciones y de entidades económicas» en las investigaciones, aunque no dio más detalles de las mismas, solo que «la mitad» de esos 40.000 nombres «son ya personas o compañías que están o han estado bajo la investigación de la OLAF».
«Tenemos que hacer verificaciones y comprobar si su presencia en los ‘papeles de Panamá’ es realmente una evidencia de un posible delito o irregularidad, esto aún hay que aclararlo», explicó.
Kessler participó en la cuarta audiencia pública de la comisión de Investigación del Parlamento Europeo sobre los «papeles de Panamá», creada el pasado junio con un mandato de un año, prorrogable seis meses más, para analizar las filtraciones y si los países y la Comisión Europea (CE) han cumplido sus obligaciones al respecto.
Durante el debate con los parlamentarios, Kessler recordó que los datos revelados por el Consorcio de Periodistas de Investigación (ICIJ) en esa gran filtración «son de dominio público» aunque solo una parte de los documentos filtrados han sido publicados, por lo que podría haber «más nombres» implicados.
«Ni nosotros ni los Estados miembros (de la UE) vamos a recibir esa información. La única manera de obtener toda la información es llegar a un acuerdo con los periodistas», añadió.
Kessler consideró necesaria «una jurisdicción europea» para poder avanzar en la lucha contra la evasión fiscal.
El eurodiputado socialista Ramón Jáuregui criticó que hubiera «un reproche» a los periodistas del ICIJ, «que han sido el origen de esta alarma social» y consideró que «los Estados miembros deben colaborar en la investigación».
El vicepresidente de la unidad de cooperación judicial de la UE, Eurojust, Klaus Meyer-Cabri, apuntó que «para mejorar la investigación es esencial la cooperación entre autoridades judiciales de los Estados miembros a través de la coordinación» «Es esencial que fiscalías nacionales, policías, se pongan de acuerdo sobre qué problemas quieren ir resolviendo y compartan información para colaborar», subrayó.
Meyer-Cabri destacó el aumento de casos investigados de blanqueo de dinero, que han pasado «de 148 a 285 en tres años», y recordó que este tipo de delitos «es transversal y está vinculado con el fraude, con la corrupción, el tráfico de drogas o el terrorismo» por lo que es «artificial separar los temas».
En nombre de la Oficina Europea de Policía, Europol, el jefe del grupo de inteligencia financiera, Simon Riondet, dijo que «no puede haber barreras al intercambio de información» y que las legislaciones nacionales deben «orientarse a la cooperación» entre países en la lucha contra la evasión fiscal.
(14-11-2016)
