Los responsables de la investigación de la corrupción en la estatal Petrobras anunciaron este miércoles que renunciarán al caso si se aprueba una reforma que propone castigar con cárcel a fiscales y jueces que actúen por causas «político-partidarias».
La decisión, anunciada en una rueda de prensa, fue una respuesta a un paquete de nuevas medidas contra la corrupción que incluyó esa polémica propuesta y fue aprobado hoy por la Cámara de Diputados y ahora pasará al Senado para una segunda discusión.
El fiscal Carlos Fernando dos Santos aseguró que esa propuesta impedirá «la continuidad de cualquier investigación sobre poderosos, parlamentarios y políticos y «crea una intimidación» y un «riesgo personal» para los miembros del Poder Judicial.
En la misma rueda de prensa, el fiscal Deltan Dallagnol, uno de los coordinadores de las investigaciones en la petrolera, aseguró que la propuesta aprobada por los diputados supondrá «el fin» de ese proceso y además dejaría «herido de muerte al Estado de derecho».
Los fiscales explicaron que todos los miembros del Poder Judicial están actualmente bajo las mismas leyes penales y civiles que rigen para todos los ciudadanos y que la inclusión de fórmulas como las que han propuesto los diputados representan un «claro intento de intimidar e inhibir» las investigaciones contra «poderosos».
El texto base del paquete de medidas contra la corrupción fue aprobado prácticamente por unanimidad, con una mayoría de 450 votos contra uno, pero la propuesta rechazada por los fiscales se incluyó en una serie de enmiendas discutidas tras esa primera votación.
En el caso de la enmienda que tipifica el abuso de autoridad de los jueces, que fue formulada por el Partido Democrático Laborista (PDT, por sus siglas en portugués), hubo 313 votos a favor y 132 en contra.
El párrafo añadido trata sobre los «abusos de autoridad» en que incurran jueces y fiscales, que pudieran ser condenados hasta a dos años de prisión por causas genéricas, entre las que figura el actuar con «motivaciones político-partidarias».
Esa ha sido una acusación recurrente de los sectores políticos salpicados por la investigación de la trama de corrupción en la estatal Petrobras, que ha salpicado a decenas de políticos y una veintena de empresas privadas y aún no ha concluido, por lo que la lista de implicados podría aumentar aún más.
Además de los propios responsables de la investigación, se ha pronunciado contra esa propuesta la presidenta de la Corte Suprema, Carmen Lucia Antunes, quien advirtió de que esa iniciativa puede «contrariar la independencia del Poder Judicial».
En una nota oficial, Antunes reafirmó su «integral respeto al principio de la separación de poderes», pero subrayó que se veía en la necesidad de «lamentar» la aprobación de esa enmienda y agregó que «se puede intentar callar a los jueces, pero nunca se consiguió ni se conseguirá callar a la Justicia».
También reaccionó frente a esa enmienda la Asociación de Jueces Federales de Brasil, cuyo presidente, Roberto Veloso, alertó de que «debilitar a la magistratura creando delitos por la actividad cotidiana de los magistrados es favorecer las prácticas de corrupción»
(30-11-2016)
