El Senado colombiano refrendó al filo de la medianoche del martes el nuevo acuerdo de paz firmado por el Gobierno y las FARC el pasado 24 de noviembre, en un debate con el foco de atención alejado del Congreso y centrado en el accidente del avión en el que viajaba el club brasileño de fútbol Chapecoense.
«Con 75 votos a favor y cero en contra, el plenaria del Senado aprobó el nuevo acuerdo de paz. Queda pendiente de su aprobación en la Cámara de Representantes», indicó el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, en un comunicado.
El debate lo abrieron el jefe del equipo negociador del Gobierno, Humberto de la Calle, y el Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, quienes hicieron un alegato en favor del acuerdo, un texto remozado tras el rechazo en plebiscito del firmado el pasado 26 de septiembre en Cartagena.
Durante la primera intervención, De la Calle pidió al Senado que no se arriesgue el acuerdo de paz firmado con las FARC ahora que está «a la puerta del horno».
En este sentido, afirmó que el denominado «fast track», una fórmula para aprobar con celeridad el acuerdo en el Congreso, «no es un capricho ni un acto de autocracia», sino que busca «garantizar lo logrado» hasta el momento.
«Busca garantizar que, logrado este acuerdo, podamos llegar a la otra ribera en tanto que ya sobrepasamos la mitad de río y estamos cerca del final», agregó De la Calle.
El funcionario puso el acento sobre las ventajas de la paz al asegurar que «1.200 policías, militares y guerrilleros están vivos gracias al cese al fuego» bilateral y definitivo que comenzó el pasado 29 de agosto.
El acuerdo de paz fue radicado ante el Congreso por el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, el pasado 24 de noviembre, horas después de que fuera firmado por el presidente Juan Manuel Santos y el líder de las FARC, Rodrigo Londoño, en el Teatro Colón de Bogotá.
Este nuevo texto complementa al original firmado el pasado 26 de septiembre en Cartagena de Indias y rechazado posteriormente en el plebiscito del 2 de octubre.
Por su parte, Jaramillo aseveró que el acuerdo firmado con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) «es un milagro».
«Lograr un acuerdo con una guerrilla como las FARC después de 50 años de guerra es un acuerdo que realmente ataca los focos de violencia, las condiciones que han promovido la violencia y eso nos garantiza un cierre y es nada menos que un milagro», dijo el funcionario.
Según el ministro Cristo, «con la participación de víctimas, representantes de iglesias cristianas, negritudes, indígenas, se discutió y refrendó en la plenaria del Senado el nuevo acuerdo de paz que fue firmado el pasado jueves».
Con este paso, aclaró Cristo, «la esperada aprobación en la Cámara de Representantes este miércoles, se podrá empezar a implementar lo acordado entre el Gobierno y las FARC».
Durante su intervención en el debate, el expresidente Álvaro Uribe, senador y líder del opositor partido Centro Democrático, ratificó su oposición al acuerdo de paz y dijo que sin una refrendación popular «no se puede activar el ‘fast track'».
«Sin una refrendación popular no es posible activar lo que se ha llamado el ‘fast track’ o ese proceso abreviado y de facultades extraordinarias al presidente. Ha dicho el Gobierno que es que tenemos mucho afán porque el cese al fuego no resiste sino hasta diciembre», explicó.
Asimismo, aseveró que en su partido creen «que un acto del Congreso no puede sustituir un sistema de refrendación que el Congreso, el Ejecutivo y la Corte Constitucional consideraron que era democracia directa porque este sería democracia indirecta», aseguró.
El expresidente añadió que le pidió a Santos no anunciar el acuerdo como definitivo tal y como hizo, y destacó que el Congreso no puede «sustituir» un sistema de refrendación aprobado por las tres ramas.
El senador Iván Duque, uno de los alfiles del Centro Democrático, reiteró que el legislativo «se propone refrendar los acuerdos sin hacer las modificaciones sustanciales» que solicitaron tras el plesbicito.
Aprobarlo de este modo «sería una burla a la democracia», ya que en su opinión el Congreso «no puede pretender atribuirse una facultad refrendataria que va en contra del sentimiento popular expresado el 2 de octubre», manifestó.
