Los defensores y opositores del nuevo acuerdo de paz firmado por el Gobierno colombiano y las FARC mantuvieron hoy un acalorado debate en la Cámara de Representantes sobre la refrendación del texto, que fue aprobado el martes por mayoría absoluta en el Senado.
La voz del Gobierno en este debate la llevó el jefe negociador, Humberto de la Calle, quien reiteró que al nuevo acuerdo se incorporaron «el mayor número posible de cambios, 57 de los 60 propuestos».
Asimismo recalcó que las FARC dejarán sus armas bajo la supervisión internacional de la ONU pero recordó que la situación actual del cese al fuego es frágil por lo que se necesita refrendar el acuerdo para proceder a su implementación.
Igualmente insistió en que la presencia de las FARC en el Congreso «permite exigirles que expliquen los acontecimientos, que den cuenta y razón de sus votos, lo que es una garantía de transparencia para los colombianos».
La posición del Gobierno fue reforzada por el Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, quien enfatizó en que «estamos tratando de acabar una guerra de más 50 años y no puede ser que por enredos jurídicos e interpretaciones diversas como la del bloque de constitucionalidad no seamos capaces de ponernos de acuerdo en lo que hay que hacer, que es terminar el conflicto».
Valoró que las FARC se comprometieron, entre otros asuntos, a entregar un inventario de todos sus bienes y activos, con lo que repararán a sus víctimas.
El nuevo acuerdo recibió ayer el apoyo de 75 senadores en una sesión de más de 12 horas y de la que se retiró antes de la votación la bancada del Centro Democrático, partido encabezado por el expresidente y senador Álvaro Uribe.
El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, y el máximo jefe de las FARC, Rodrigo Londoño, alias «Timochenko», firmaron el pasado 24 de noviembre en el Teatro Colón de Bogotá el texto en discusión en el legislativo, al que se le incorporaron la mayoría de las propuestas del «no», opción que ganó en el plebiscito del 2 de octubre, cuando se rechazó el primer acuerdo.
Las discusiones en la Cámara fueron también intensas y extensas, un calco de lo ocurrido en el Senado, pero el Gobierno confía en sacar adelante su empresa, sobre todo porque tienen las mayorías necesarias para aprobar la refrendación.
Tan seguro está el Gobierno de sus mayorías que el presidente Santos dijo hoy en una ceremonia de ascensos a militares que mañana será el «Día D» para el acuerdo de paz con las FARC ya que comienzan a correr los tiempos para que esa guerrilla llegue a las zonas de concentración.
En consecuencia, explicó Santos, mañana comenzará el cronograma para que antes del 30 de diciembre todos los miembros de las FARC estén ubicados en las zonas de transición.
Luego, hasta el día 150, aclaró el jefe de Estado, se desarrollará el proceso de desarme, gracias al cual «las FARC le habrán entregado hasta la última arma a las Naciones Unidas (…) y habrán dejado de existir, porque ya no existirán las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia».
Una de las voces del «no» que se escuchó en la Cámara fue la del exprocurador Alejandro Ordóñez, quien junto el expresidente Andrés Pastrana (1998-2002) y la excandidata presidencial Marta Lucía Ramírez, se han opuesto al nuevo acuerdo, incluso, con las modificaciones realizadas.
«El 90 % de los senadores y el 80 % de los congresistas fueron derrotados en el plebiscito del 2 de octubre, entonces un acuerdo derrotado va a ser refrendado por un Congreso derrotado. Eso es una auténtica burla y un desconocimiento del derecho a refrendar del pueblo colombiano», dijo Ordóñez en una encendida intervención.
Por su lado, el parlamentario Santiago Valencia, del Centro Democrático, advirtió que si se aprueba el nuevo acuerdo, el Congreso incurrirá en prevaricato por sustituir al constituyente primario.
«Este Congreso quiere sustituir la voluntad del constituyente primario, y lo quiere hacer sin la legitimidad para hacerlo porque fue derrotado el 2 de octubre pasado», dijo.
Valencia dejó constancia sobre el debate dado por la bancada del Centro Democrático y su retiro de la votación para no incurrir en un prevaricato, según declaraciones recogidas en un comunicado de la Cámara.
