Naciones Unidas denunció este viernes una vez más los horrores que vive la población de Corea del Norte y exigió al régimen de Pyongyang que respete sus obligaciones bajo la legislación internacional.
«Es muy difícil tener información actualizada y completa sobre los desarrollos en derechos humanos en Corea del Norte. La información que tenemos, sin embargo, revela un patrón continuado de serias violaciones», dijo el vicesecretario general de la ONU, Jan Eliasson, al Consejo de Seguridad.
«Y vemos muy pocas, si tan siquiera alguna, señal de mejora», añadió el diplomático sueco.
Eliasson se expresó así en el tercer debate sobre la situación de los derechos humanos en Corea del Norte que celebra el Consejo de Seguridad, que abordó la cuestión por primera vez en diciembre de 2014.
Como en las dos ocasiones anteriores, varios países se opusieron sin éxito a celebrar la sesión, argumentando que el Consejo de Seguridad no es el foro apropiado para tratar esta cuestión.
China, Rusia, Venezuela, Angola y Egipto votaron en contra del debate, mientras que nueve Estados miembros se mostraron a favor y uno se abstuvo.
Las potencias occidentales argumentaron que la situación interna en Corea del Norte tiene implicaciones para la paz y la seguridad mundial -el área de responsabilidad del Consejo- y recordaron que las violaciones de derechos humanos son habitualmente una señal de futuros conflictos.
«Las situaciones de derechos humanos son como el canario en la mina. Nos avisan de problemas para la paz y la seguridad», defendió el embajador británico, Matthew Rycroft.
El representante de Japón ante la ONU, Koro Bessho, insistió en ese «vínculo» entre lo que ocurre en Corea del Norte y la estabilidad en toda la región, poniendo como ejemplo el problema del «secuestro» de centenares de ciudadanos surcoreanos o japoneses por parte de las autoridades de Pyongyang.
Las discusiones en el Consejo de Seguridad volvieron a tomar hoy como base un informe publicado en 2014 por expertos de la ONU, que tras una extensa investigación confirmaron abusos generalizados y sistemáticos de los derechos humanos en Corea del Norte.
Entre otras cosas, su informe documentó asesinatos, esclavitud, torturas, violaciones y otros crímenes graves contra personas perseguidas por motivos políticos, religiosos, raciales y de género.
«Lamentablemente, no hay ninguna indicación de que las autoridades norcoreanas se hayan movido para mejorar la situación sobre el terreno», dijo el embajador japonés, que subrayó la necesidad de que la comunidad internacional actúe para garantizar que los responsables paguen por sus crímenes.
Según la ONU, «los más vulnerables siguen sufriendo de una cruel red de campos de prisioneros políticos, un sistema económico explotador y una discriminación generalizada basada en el estatus social».
Al mismo tiempo, Eliasson recordó hoy que el país es escenario de una «emergencia humanitaria», con el 70 por ciento de la población en situación de inseguridad alimentaria.
Varios miembros del Consejo denunciaron, en ese sentido, que las autoridades norcoreanas dediquen recursos a desarrollar programas militares prohibidos por la propia ONU en vez de atender las necesidades de sus ciudadanos.
El embajador español, Román Oyarzun, lamentó que mientras sigue desarrollando armas, Pyongyang «permita que su pueblo sufra continuas hambrunas».
«Me sorprende más aún que el propio Estado, que es el responsable de garantizar y proteger a sus ciudadanos, sea el principal causante de su desesperación», añadió Oyarzun, que preside el comité de sanciones a Corea del Norte por sus programas nucleares y de misiles.
(09-12-2016)
