El relator especial de la ONU sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, Philip Alston, advirtió este viernes de que los planes del Gobierno de Brasil de limitar durante 20 años el gasto social «son totalmente incompatibles» con las obligaciones del país con respecto a los derechos humanos.
La Cámara alta brasileña tiene previsto votar el próximo 13 de diciembre en segunda vuelta una enmienda a la Constitución que limitaría durante 20 años el crecimiento del gasto federal a la tasa de inflación del año anterior.
«El principal e inevitable efecto de esta propuesta de enmienda a la Constitución (…) perjudicará a los pobres durante décadas», señaló Alston en un comunicado.
«Si es adoptada, esta enmienda bloqueará gastos en niveles inadecuados y rápidamente decrecientes en salud, educación y seguridad social y por ende pondrá en riesgo a una generación entera de recibir una protección social por debajo de los estándares actuales», advirtió.
En opinión del relator especial, «es completamente inapropiado congelar solo el gasto social y atar los manos de todos los futuros gobiernos durante otras dos décadas».
En este sentido sostuvo que, si la enmienda es aprobada, Brasil se colocará ella misma en una «categoría regresiva socialmente».
(09-12-2016)
