El Congreso de Brasil votará este martes una reforma para congelar el gasto público por 20 años, una polémica medida impulsada por el gobierno de Michel Temer para revertir la crisis económica que sacude al gigante sudamericano.
En medio de protestas anunciadas por sindicatos y estudiantes, el Senado realizará la última votación de esta enmienda constitucional del «techo de gastos», que pretende abrir una era de austeridad en el Estado, en la que el presupuesto solo podrá aumentar para compensar la inflación del año anterior.
Tras recorrer un arduo proceso por comisiones en el Congreso, la propuesta fue aprobada en dos votaciones por la Cámara de Diputados y superó a fines de noviembre la primera prueba en el Senado, donde obtuvo el respaldo de 61 de los 81 legisladores.
Si prospera nuevamente este martes -como esperan el gobierno y los mercados-, será promulgada por el Congreso esta misma semana, adelantó el presidente del Senado, Renan Calheiros, un férreo aliado de Temer que ha acelerado la agenda legislativa a favor del plan de ajuste.
El proyecto para congelar el gasto es una de las grandes apuestas del gobierno para neutralizar el gigantesco déficit fiscal del mayor país de Sudamérica, previsto en unos 163.000 millones de reales en 2016 (unos 48.000 millones de dólares).
Sindicatos, grupos de izquierda y estudiantes denuncian, sin embargo, que afectará a las ya maltrechas áreas de salud y educación perjudicando principalmente a los más pobres.
Además, alegan que el conservador Temer, que accedió a la presidencia tras el impeachment de su exaliada Dilma Rousseff (PT, izquierda), no tiene la legitimidad de las urnas para llevar adelante dichas reformas.
La última protesta convocada en Brasilia contra los recortes acabó en violentos enfrentamientos entre policías y manifestantes, que convirtieron la capital en un escenario de guerra, con automóviles incendiados, así como señales de tránsito y fachadas de edificios públicos destruidas.
Bajo la consigna «Fuera Temer», nuevas protestas fueron convocadas este martes por sindicatos, que prometen resistencia ante esta y otras propuestas de ajustes previstas por el gobierno, como el endurecimiento del sistema de jubilaciones que será discutida en los próximos meses.
Expectativa del mercado
La reforma del gasto público es seguida de cerca por inversionistas, que ven con buenos ojos el ritmo que la nueva administración consiguió imponer a su agenda de austeridad.
«No hay, por lo menos de parte del mercado, una percepción de que la aprobación (de la enmienda constitucional) esté amenazada», afirmó a la AFP Silvio Campos, analista de la consultora Tendencias.
«Ocurre lo mismo en relación a la reforma del sistema de jubilaciones. Aunque va a demandar más tiempo y una negociación mayor a lo largo de los próximos meses, por ahora el mercado vislumbra que esas medidas serán aprobadas», añadió Campos.
La reforma en el sistema de pensiones es el próximo escollo que Temer deberá superar en materia legislativa.
La propuesta pretende establecer una edad mínima de 65 años de retiro -para hombres y mujeres- y aquellos que quieran jubilarse con el 100% del beneficio precisarán 49 años de contribución al sistema.
Hoy, en Brasil es posible jubilarse después de alcanzar determinada edad (65 para los hombres, 60 para las mujeres, con un mínimo de 15 años de contribución al sistema) o por el criterio de tiempo de contribución (mínimo de 35 años para los hombres y 30 para las mujeres).
La votación de las reformas en el Congreso transcurre con nuevas revelaciones de corrupción de telón de fondo. En los últimos días, varias figuras del partido de gobierno, entre ellos el propio Temer, han sido mencionadas por exejecutivos de la constructora Odebrecht como beneficiarios de sobornos en el marco de la red de desvíos en Petrobras.
El presidente negó tajantemente haber pedido en 2014 diez millones de reales (4,2 millones de dólares al cambio promedio de ese año) para financiar campañas electorales de miembros del PMDB, como alega uno de los delatores.
(13/12/2016)
