La expresidenta argentina Cristina Fernández y miembros de su Gobierno serán investigados por presunto encubrimiento de los iraníes sospechosos de un atentado que dejó 85 muertos en 1994, después de que la Justicia decidió reabrir la denuncia que Alberto Nisman hizo contra ellos 4 días antes de morir.
Este hecho se da casi dos años después de que el fiscal Nisman fuera hallado muerto -en circunstancias por esclarecer- tras denunciar que un acuerdo firmado entre Argentina e Irán buscaba encubrir a los supuestos responsables del ataque a la mutua judía AMIA de Buenos Aires -que también sigue impune- con el fin de mejorar la relación comercial con ese país.
Hoy, el máximo tribunal penal argentino hizo lugar a un recurso presentado por la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), el brazo político de la comunidad judía local, contra la decisión del juez federal Daniel Rafecas, encargado del caso, de archivar esa denuncia, un ‘carpetazo’ que había sido confirmado por dos juzgados de apelación.
«La desestimación de la denuncia destruiría la posibilidad de investigar lo que aquellos elementos reclaman, que es, precisamente, la necesidad de descartar o acreditar la hipótesis imputativa esgrimida», desgrana la resolución de hoy de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal.
Además, tal y como se había sido solicitado, el tribunal aceptó a la DAIA como querellante y apartó a los jueces que habían intervenido hasta ahora «por haberse expedido sobre el fondo del asunto y en garantía de imparcialidad».
Un nuevo magistrado, mediante sorteo, continuará con la investigación.
Varias horas después de conocerse la noticia, la ex jefa de Estado lanzó un irónico mensaje a través de sus cuentas oficiales en las redes sociales.
«Ahora me acusan de encubrir el atentado de la AMIA ocurrido hace… 22 años y medio! Lo único que les falta es acusarme de la muerte de (John) Kennedy…», escribió en referencia al expresidente estadounidense, asesinado en 1963.
«Necesitamos conocer si aquella denuncia supuesta que hizo el fiscal Nisman tiene asidero o no. Y si realmente la Justicia entiende que no, también seremos respetuosos de buscar otra línea de investigación, pero lo que no podemos es desecharla sin al menos haber investigado», señaló el presidente de la DAIA, Ariel Cohen Sabban, en declaraciones al canal TN.
Cohen recordó que en este caso hubo «muchos rechazos judiciales y apelaciones» y aseguró que la entidad que encabeza «va a seguir su batalla judicial hasta las últimas consecuencias».
En una charla con Efe, el abogado Manuel Romero Victorica, que representa a las hijas de Nisman en el expediente que investiga su extraña muerte, aseguró que lo que se pide «no es la imputación de nadie, sino que se investiguen las consecuencias jurídicas de esa denuncia, si hay un delito».
La polémica en la investigación por el ataque a la AMIA arreció luego del memorando de entendimiento que en 2013, durante el Gobierno de Fernández (2007-2015), Argentina firmó con Irán para intentar esclarecer el atentado, atribuido al grupo terrorista Hizbulá.
El acuerdo contemplaba crear una comisión de expertos para la revisión de la causa judicial por el atentado y el desplazamiento del juez del caso a Teherán para interrogar a los sospechosos.
Sin embargo, el memorando fue declarado inconstitucional en Argentina y nunca fue ratificado por Irán y provocó el distanciamiento entre el Ejecutivo y buena parte de la comunidad judía.
Nisman, fiscal especial a cargo de la investigación, consideraba que ese pacto era un instrumento para encubrir a los iraníes sospechosos del ataque, entre ellos el expresidente iraní Alí Akbar Rafsanjani, y formuló el 14 de enero de 2015 su denuncia contra la presidenta, su ministro de Exteriores, Héctor Timerman, y el diputado Andrés Larroque, entre otros.
«Como representantes de las hijas del fiscal, tenemos el convencimiento de que fue asesinado como consecuencia de esta denuncia», aseveró hoy Romero Victorica.
Nisman, que al día siguiente de morir debía exponer sus pruebas ante el Congreso, formuló su acusación tras reunir lo que él consideraba evidencias mediante escuchas telefónicas sobre las maniobras del Gobierno para «borrar a Irán del caso AMIA».
«Decidió fabricar la inocencia de Irán», dijo Nisman sobre Fernández en el documento, en el que aseveraba que las negociaciones con ese país comenzaron en 2011, cuando la mandataria decidió acercarse para «restablecer relaciones comerciales plenas» y superar «la crisis energética argentina mediante un intercambio de petróleo por granos» e «incluso venderle armas».
En agosto pasado, la DAIA y la Fiscalía pidieron desarchivar esa acusación, que había sido desestimada en 2015 por Rafecas, pero el juez volvió a rechazar la solicitud, y en noviembre la Cámara de Casación admitió estudiar el recurso planteado por la entidad judía.
Fernández, cuyo mandato expiró en diciembre de 2015 y está afectada por varias causas por corrupción durante su gestión, aseguró tras la muerte de Nisman que el caso era una conspiración para desestabilizar a su Gobierno, negó todas las acusaciones, y hoy reitera que es víctima de una persecución política y judicial.
El atentado contra la AMIA fue el segundo contra judíos de Argentina, después de que 29 personas murieran en 1992 al explotar una bomba frente a la embajada de Israel en Buenos Aires, también sin esclarecer. (29/12/2016)
