El presidente mexicano Enrique Peña Nieto aseguró este miércoles que comprende la «molestia y enojo» desatado por el aumento de hasta 20,1% en los combustibles, pero lo justificó al señalar que de no aplicarse el costo para la economía «sería mucho más grave y delicado».
Mientras las protestas y bloqueos carreteros, algunos ya con brotes de violencia y el saqueo de un supermercado, continuaban por cuarto día consecutivo, Peña Nieto se refirió por primera vez a este polémico tema en un mensaje a la prensa.
«Comprendo la molestia y el enojo que hay entre la población en general y entre distintos sectores de nuestra sociedad (…) pero no hacerlo, y es adonde apelo a la comprensión (…), serían aún más dolorosos los efectos y las consecuencias», dijo el presidente.
Explicó su gobierno hubiera preferido no tomar esta medida, que no es resultado de las reformas energética o fiscal, sino del «el aumento en los precios internacionales» de la gasolina y es una «medida responsable» que busca preservar la estabilidad de la economía mexicana.
El domingo se concretaron aumentos de precios, los mayores en años, de un promedio de 20,1% a las gasolinas y 16,5% al diésel como parte de una política de liberación de precios enmarcada en la reforma energética promulgada en 2015 por el presidente con la promesa de que bajarían los combustibles.
La Policía Federal ha reportado este miércoles una veintena de protestas y bloqueos carreteros en distintos puntos del país mientras la noche del martes hubo saqueos, sobre todo de electrodomésticos, en un supermercado de los suburbios de Ciudad de México.
El gobierno del Estado de México, vecino de la capital, informó que detuvo por este saqueo a 46 personas, que aprovecharon una manifestación de una inconformidad ciudadana «como pretexto para robar, delinquir y afectar negocios».
Distintas estaciones de gasolina seguían sin prestar servicio o algunas lo hacían de manera intermitente debido a las protestas.
La liberación del precio de los combustibles y la entrada de firmas privadas al negocio, que pone fin al monopolio de más de 70 años de Pemex, debía comenzar en 2018, pero el gobierno decidió adelantarla.
Analistas, el Banco de México y los empresarios han advertido que esta alza podría tener un efecto inflacionario, pero la secretaría de Hacienda (Finanzas) asegura que trabaja para evitar que haya «una contaminación generalizada» a otros sectores de la economía.
