Unicef cuestionó hoy la idea bajo estudio del Gobierno argentino para bajar la edad de imputabilidad para los menores desde los 16 a los 14 años, dentro de una reforma del régimen penal juvenil.
El organismo internacional se mostró a favor del debate de una Ley de Justicia Penal Juvenil, pero reclamó que esta «no disminuya la edad de imputabilidad», una posibilidad que el Gobierno de Mauricio Macri anunció hoy que tiene bajo estudio.
Unicef advirtió en un comunicado que ya la actual normativa argentina respecto de este asunto es «incompatible» con la Convención sobre los Derechos del Niño y recordó que el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos han señalado la necesidad de derogar el régimen vigente y aprobar una ley «acorde a los estándares internacionales».
De acuerdo al Régimen Penal de la Minoridad vigente desde 1980, entre los 16 y los 18 años los adolescentes son punibles penalmente y, según apuntó Unicef, «tienen menos garantías procesales que los adultos».
En el caso de los adolescentes menores de 16 años, aunque la ley vigente establece que no deben ser penados, en algunas jurisdicciones existe la posibilidad de que un juez dicte medidas de privación de su libertad, «contraviniendo los estándares internacionales en materia de derechos humanos», puntualizó el organismo internacional.
Según los últimos datos oficiales disponibles, en 2014 casi la totalidad de los 1.305 adolescentes privados de su libertad en centros cerrados eran varones, argentinos, mayoritariamente entre 16 y 17 años.
Unicef agrega que 82 de estos adolescentes privados de su libertad tenían menos de 16 años.
El organismo cuestionó la escasa implementación de medidas alternativas a la privación de la libertad, las malas condiciones edilicias de los centros de detención, el bajo grado de especialización del sistema de justicia juvenil así como el incumplimiento de los derechos de los adolescentes cuando están privados de libertad.
«Avanzar en la superación de estos desafíos requiere de la aprobación de una Ley de Justicia Penal Juvenil que no disminuya la edad de imputabilidad, que cree un sistema especializado en línea con los estándares internacionales en materia de protección de derechos humanos, que garantice que cada adolescente sea sometido a un proceso penal con las debidas garantías», sostuvo.
También la Procuración Penitenciaria de la Nación, organismo dependiente del Poder Legislativo para controlar la actuación del Servicio Penitenciario Federal, cuestionó el proyecto bajo análisis del Gobierno de Macri para bajar la edad de imputabilidad.
El organismo recordó que Argentina es el único país de Latinoamérica que carece de un Sistema Penal Juvenil y que el régimen vigente fue creado durante la última dictadura militar (1976-1983) y también reclamó que el país apruebe una nueva ley para adecuarse a los estándares internacionales en la materia.
La Procuración Penitenciaria consideró en un comunicado que no se puede empezar a discutir sobre qué edad es aconsejable para que el adolescente ingrese al sistema penal sin antes garantizar «la totalidad de los derechos y garantías» que tienen los adultos privados de su libertad «más el plus que les corresponde» a los menores «por ser personas en desarrollo».
«Desde este organismo, abogamos por la sanción de un Régimen Penal Juvenil que garantice a los niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal un debido proceso y con todas sus garantías», señaló. (04/01/2017)
