Desde la suspensión del referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro hasta la falta de comida y la desbordada criminalidad figuran entre las razones esgrimidas por el Parlamento de Venezuela para declarar al mandatario en «abandono del cargo».
La oposición, que ostenta la mayoría legislativa, justifica la medida aprobada este lunes en siete «acciones y omisiones» principales:
Frenazo al voto
El proceso hacia el revocatorio fue suspendido por el poder electoral el 20 de octubre tras sentencias judiciales por supuestas irregularidades en una recolección de firmas para autorizar la promoción de la consulta.
En el hemiciclo, los diputados opositores calificaron la paralización del referendo como «un golpe de Estado», una «ruptura del orden constitucional y democrático» que instauró una «dictadura».
El Parlamento rechazó igualmente la postergación a 2017 de las elecciones regionales, que debían haberse realizado en 2016.
«El presidente debe garantizar los derechos de los venezolanos y si eso no ocurre, como considera el Parlamento, es válido interpretar que dejó de cumplir sus funciones y abandonó el cargo», dijo a la AFP el abogado constitucionalista José Vicente Haro.
Poderes parcializados
La oposición en el Parlamento acusa al resto de los poderes públicos de servir al chavismo. Considera que Maduro impulsa la «ocupación partidista» de las instituciones.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha anulado la mayoría de las decisiones de la cámara, a la que declaró en desacato por juramentar a tres diputados cuya elección fue suspendida por denuncias de fraude. Este lunes, esos asambleístas fueron excluidos.
Maduro incluso ha acudido al TSJ para aprobar el presupuesto, atribución constitucional del Congreso.
Recordando que la justicia considera nulas las decisiones de la Asamblea Nacional, el abogado Pedro Alfonso Del Pino duda de la viabilidad de la declaratoria de abandono del cargo. «Solo puede ocurrir si el presidente deja de ejercer el poder y no tiene que ver con que lo hizo bien o mal», explicó a la AFP.
Crisis económica
La declaración del legislativo culpa a Maduro de resquebrajar «las bases sociales y económicas» del país, al considerarlo incapaz de solucionar una crisis «sin precedentes».
Los venezolanos sufren una inflación que el FMI calcula en 475% para 2016 y proyecta en 1.660% para 2017, a lo que se suma una aguda escasez de alimentos básicos y medicinas. Ello hace que la oposición asegure que existe «una crisis humanitaria».
Criminalidad
La oposición también responsabiliza a Maduro por la elevada criminalidad.
Según la ONG Observatorio Venezolano de Violencia, unas 28.000 muertes violentas se registraron en Venezuela en 2016, con una tasa de 91,8 por cada 100.000 habitantes. El promedio mundial es de 8,9 por cada 100.000.
Violación de DDHH
«Se ha incrementado la persecución política», señala el acuerdo parlamentario.
Más de un centenar de presos políticos existen en Venezuela según la ONG Foro Penal (55 encarcelados en 2016), pero el gobierno los acusa de delitos como conspiración y terrorismo.
Además, las denuncias de violaciones a derechos humanos en operativos especiales contra la delincuencia lanzados en 2015 se han multiplicado. En noviembre se encontraron los cadáveres de 13 campesinos que habían sido detenidos en esas incursiones.
Estado de excepción
Desde enero de 2016, Maduro gobierna por decreto bajo la figura de «emergencia económica», que le da atribuciones extras para controlar áreas básicas como la producción y distribución de alimentos.
El TSJ ha aprobado sucesivas prórrogas del estado de excepción, pese a que el Parlamento las ha rechazado.
El Esequibo
La oposición rechazó la política exterior de Maduro en relación al Esequibo, territorio de 150.000 km2 rico en minerales y petróleo que Venezuela reclama a Guyana.
Acusa al presidente de ser «negligente» y con ello «atentar» contra la integridad de Venezuela. (09/01/2017)
