Los exdictadores Luis García Meza y Luis Arce Gómez, deben cumplir en Bolivia su sentencia de 30 años de cárcel sin derecho a indulto para luego, de darse el caso, ser extraditados a Italia, donde fueron sentenciados, junto a otros exmilitares, a cadena perpetua por la muerte de una veintena de italo-latinoamericanos en la época del Plan Cóndor.
La ministra de Justicia, Virginia Velasco, y la representante la Asociación de Detenidos, Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional y Social (Asofamd) Ruth Llanos coincidieron, por separado, en que los dictadores bolivianos tienen una sentencia que cumplir en Bolivia por delitos de lesa humanidad.
“Tienen una sentencia que tienen que cumplir como corresponde (en el país)”, afirmó Velasco en una entrevista con La Razón.
García Meza cumplió 21 años de prisión en Bolivia. La hoy ex Corte Suprema de Justicia lo condenó en 1993 a 30 años de cárcel sin derecho a indulto, pero recién se ejecutó cuando fue detenido en 1995. Gobernó entre 1980 y 1981, tras un cruento golpe militar que derrocó a Lydia Gueiler Tejada.
Arce Gómez también fue condenado a 30 años de cárcel sin derecho a indulto por delitos de lesa humanidad. El exministro del Interior cumplió una condena en Estados Unidos por crímenes de narcotráfico y luego fue expulsado a Bolivia y desde entonces guarda detención por delitos de lesa humanidad y daño económico al Estado.
Llanos afirmó en una entrevista en Bolivia Tv que ambos exdictadores deben permanecen en la cárcel de Chonchocoro. “Lo que nosotros planteamos es que cumplan en Bolivia su sentencia”, insistió y advirtió que si García Meza logra su libertad condicional puede ser inmediatamente detenido y extraditado a Italia.
Frank Campero, abogado de García Meza, explicó en la red Uno que su defendido cumplirá su sentencia en 2025 y que hasta entonces, incluso de lograr su libertad condicional por haber cumplido dos tercios de su condena, no puede ser extraditado.
“Esta sentencia no lo ayuda ni lo perjudica en nada”, afirmó Campero.
Italia también sentenció a los chilenos Hernán Jerónimo Ramírez y Rafael Ahumada Valderrama, los uruguayos Juan Carlos Blanco, y los peruanos Francisco Morales Bermúdez, Pedro Richter Prada y Germán Ruiz Figueroa, reportó EFE.
Llanos informó que el Gobierno promulgó la ley para la creación de la Comisión de la Verdad, que tendrá como misión esclarecer asesinatos, desapariciones forzadas, torturas, detenciones arbitrarias y violencia sexual durante las dictaduras entre 1964 y 1982.
La iniciativa legal también dispone la desclasificación de archivos militares, policiales y otros. El Presidente elegirá a sus miembros y tiene un plazo de dos años para cumplir su objetivo.
(18-01-2017)
