El expresidente del Perú Alejandro Toledo (2001-2006) se encuentra desde este viernes en busca y captura por orden de un juez para que ingrese en prisión de manera preliminar por 18 meses, ante los serios indicios de que recibió 20 millones de dólares en sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.
A Toledo, que se encuentra fuera de Perú, la Fiscalía le imputa los delitos de tráfico de influencias y lavado de activos por supuestamente haber favorecido a Odebrecht en la licitación de la Carretera Interoceánica del Sur a cambio de jugosas dádivas, depositadas en un entramado de empresas «offshore».
El Ministerio del Interior anunció que enviará una alerta roja a los 190 países que integran la Interpol, y advirtió que incluirá a Toledo en la lista de los prófugos más buscados del país, por los que se ofrece una recompensa a cambio de facilitar su captura, si no vuelve a Perú de inmediato.
La orden de captura fue ordenada hoy por el juez Richard Concepción, titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Sala Penal Nacional, a petición del fiscal anticorrupción Hamilton Castro, quien está a cargo de la investigación.
El magistrado indicó que los «elementos de convicción» existentes son suficientes y «respaldan con alto grado de fiabilidad» su intervención en las irregularidades detectadas en la obra.
«No es un ciudadano cualquiera. Fue presidente de la República, y valiéndose de la más alta investidura del país, habría hecho todos estos actos corruptos para enriquecerse ilícitamente», dijo Concepción.
Afirmó además que el encarcelamiento de Toledo debe realizarse porque los delitos imputados están penados con al menos cuatro años de prisión y porque Toledo «no tiene arraigo en el Perú», ya que su residencia habitual está en Estados Unidos, donde ejerce como investigador de la Universidad de Stanford.
El juez rechazó la solicitud del abogado de Toledo, el excongresista Heriberto Benítez, para que el expresidente tuviera un régimen de comparecencias periódicas en el juzgado o un arresto domiciliario mientras dure la investigación.
Benítez, que ha sido vinculado a dos redes de corrupción investigadas por la justicia en los últimos años, anunció un recurso de apelación por considerar que el fallo viola los derechos fundamentales de su defendido.
A la salida de la audiencia, el letrado sugirió a Toledo no regresar a Perú hasta que no se resuelva su apelación porque cree que no existen las garantías procesales suficientes.
El abogado del expresidente calificó la resolución de «vengativa» y de «talionaje judicial», y anticipó que recurrirá al Tribunal Constitucional o a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de ser necesario.
Según el fiscal Hamilton Castro, Odebrecht y Toledo acordaron que el pago de 20 millones de dólares en favor del mandatario si lograba la licitación de la Carretera Interoceánica del Sur, que atraviesa el territorio peruano desde la costa del océano Pacífico hasta la frontera con Brasil.
A cambio, Toledo se encargaría de que los plazos no se postergaran y de que se modificaran las cláusulas del contrato para impedir o dificultar la participación de otras empresas en el concurso de la obra, adjudicada por 1.184 millones de dólares, y con un coste final de 2.346 millones de dólares, según la Contraloría (tribunal de cuentas).
De los 20 millones de dólares en sobornos, la Fiscalía tiene identificados unos nueve millones de dólares pagados entre 2006 y 2010 en cuentas de empresas «offshore» de Josef Maiman, empresario peruano-israelí e íntimo amigo de Toledo, que sería el testaferro del presidente.
Toledo es la primera gran figura de la política peruana inculpada por el caso Odebrecht, cuyos responsables confesaron a la Justicia estadounidense haber pagado 29 millones de dólares a funcionarios de Perú entre los años 2005 y 2014.
Ese período comprende los Gobiernos de Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016).
Toledo está investigado desde 2013 por un presunto delito lavado de activos en Perú a raíz de las millonarias compras inmobiliarias hechas en Perú por su suegra Eva Fernenbug con dinero de la empresa Ecoteva, creada en Costa Rica por Maiman.
Respecto a ese caso, la Fiscalía de Costa Rica congeló este miércoles por un período de un año una cuenta de la empresa Ecostate en el Banco Santander cuyo saldo es de 6,5 millones de dólares, según informó hoy el Poder Judicial del Perú.
(10-02-2017)
