Decenas de miles de manifestantes salieron a las calles de Brasil contra los ajustes impulsados por el gobierno de Michel Temer, en una movilización que se aprestaba a recibir en Sao Paulo al expresidente de izquierda Luiz Inacio Lula da Silva.
En la capital económica del país, la protesta ocupaba varias cuadras de la céntrica Avenida Paulista al grito de «Fuera Temer» y «No a la reforma de las jubilaciones», la principal consigna de las huelgas y protestas convocadas en decenas de ciudades.
Lula, ícono de la izquierda latinoamericana que enfrenta varias causas por corrupción, confirmó su presencia en el acto, convocado por la Central Única de Trabajadores (CUT), el grupo Movimientos de trabajadores rurales Sin Tierra (MST) y sindicatos de profesores y otros sectores. «Lula está camino», indicó a la AFP uno de sus portavoces a últimas horas de la tarde.
Sao Paulo amaneció sin metro y con pocos autobuses, aunque esos servicios se restablecieron paulatinamente.
En Brasilia, unos 500 militantes del MST ocuparon desde la madrugada la sede del Ministerio de Hacienda. La policía informó que los manifestantes «invadieron» el edificio alrededor de las 05H00 (08H00 GMT) rompiendo varias ventanas. El desalojo pacífico se produjo unas diez horas después, precisaron las autoridades. Las protestas se extendían a más de 20 capitales, de acuerdo con el sitio informativo G1. En Belo Horizonte (estado de Minas Gerais, sudeste) los organizadores reportaron más de 100.000 manifestantes, unos 30.000 en Fortaleza (Ceará, noreste), más de 10.000 en Salvador (Bahia, noreste) y también en Goiania (Goiás, centro-oeste).
Jubilaciones en «colapso»
Temer sostuvo en un evento público que su gobierno busca evitar el «colapso» del sistema de pensiones, «para salvar los beneficios de los jubilados de hoy y de los jóvenes que se jubilarán en el futuro».
«Nadie va a perder sus derechos», aseguró. Desde que reemplazó en 2016 a la presidenta de izquierda Dilma Rousseff, destituida por el Congreso, Temer impulsa un programa de ajustes con la pretensión de recuperar la confianza de los mercados y reactivar la economía de gigante latinoamericano, en recesión desde hace más de dos años.
Después de aprobar una enmienda constitucional que congela el gasto público por los próximos veinte años, la próxima reforma en la agenda es la del sistema de jubilaciones, que busca prolongar el tiempo de contribuciones y elevar la edad mínima requerida para obtener los beneficios completos del retiro.
El otro proyecto en tramitación, la reforma laboral, determina que las negociaciones sectoriales puedan prevalecer sobre la legislación, entre otras normas de flexibilización con las cuales el gobierno espera alentar las contrataciones para revertir un nivel récord de desempleo (12,6%, casi 13 millones de personas).
Para el profesor de Sociología Sadi Dal Rosso, de la Universidad de Brasilia, «el único camino que tienen los movimientos (sociales) y la población en este momento es protestar, porque el gobierno dispone de una amplia mayoría de votos en la Cámara de Diputados y en el Senado» para aprobar las reformas.
Es un movimiento que «tiene potencial de crecer, a medida que las personas perciban la profundidad de los cambios que están siendo propuestos», considera. Lo mismo opina la profesora de Historia Mirna Aragon, de 38 años, que acudió a una protesta en Rio de Janeiro.
«La sociedad tiene que gritar, porque la clase política está haciendo lo que quiere con nuestro país (…) están echando a la basura la lucha y los derechos de los trabajadores», dijo a la AFP.
Congreso bajo presión
Aunque el gobierno cuenta con una sólida base de aliados en el parlamento, las resistencias al endurecimiento de la legislación social se hacen sentir en el seno mismo de la base gubernamental de Temer, con la mirada puesta en las elecciones presidenciales y legislativas de fines de 2018.
La jornada de protestas se produce además en un clima político enrarecido por las acusaciones de corrupción relacionadas con el escándalo Petrobras, que salpican a prácticamente todo el arco parlamentario.
El martes, el fiscal general Rodrigo Janot pidió la apertura de 83 investigaciones contra políticos con fueros privilegiados (ministros y legisladores), en base a las delaciones premiadas hechas por 77 exejecutivos de la constructora Odebrecht, una de las principales implicadas en la red de sobornos de la petrolera estatal.
Los nombres de los sospechosos aún no fueron divulgados, pero según varios medios se cuentan entre ellos tanto políticos de izquierda -como Lula y Rousseff- como por lo menos cinco ministros de Temer, así como los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado.
