El Gobierno de Cuba discrimina y reprime a los afrodescendientes y viola sus derechos humanos, según denunciaron hoy en Washington dos agrupaciones de la sociedad civil cubana ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En una audiencia sobre los derechos humanos de las personas afrodescendientes en Cuba, el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos y el Comité Ciudadano por la Integración Racial (CIR) señalaron que la desigualdad de oportunidades en el país genera pobreza y marginación social, económica y cultural.
Juan Antonio Madrazo, uno de los portavoces del CIR, acusó al Gobierno de Cuba de invisibilizar a los afrodescendientes, no reconocer que son un grupo discriminado y reclamó a las autoridades que les dé plena garantía de derechos sociales, económicos y culturales.
«La Revolución (castrista en 1959) piensa que les tenemos que estar agradecidos por tratarnos como personas», añadió.
Madrazo indicó que el Estado cubano viola los derechos humanos de los afrodescendientes y subrayó la necesidad de establecer programas para reducir los estereotipos y perfiles raciales aplicados en el mercado laboral emergente, como el turismo, y que se establezcan «espacios plurales de debate» sobre la problemática racial sin ser perseguidos.
Fernando Palacio, también del CIR, aseguró que aunque la libre asociación y la libertad de expresión son «violadas continuamente», en el caso de los afrodescendientes se dan características especiales como la negación al reconocimiento legal a sus asociaciones.
Asimismo, denuncio la detención de los activistas de estos grupos como si se tratara de «delincuentes comunes», con amenazas de cárcel, y las expresiones racistas comunes de las autoridades.
La vicepresidenta primera de la CIDH, Margarette May Macaulay, manifestó que la discriminación es «evidente», en particular en hoteles y restaurantes donde todos los trabajos mejor pagados nunca los ocupan afrodescendientes.
Por su parte, el relator para la libertad de expresión de la CIDH, Edison Lanza, reiteró su «compromiso absoluto» por la falta de libertades en Cuba, cuyo Estado «acalla las voces críticas», dijo.
El Gobierno cubano dejó hoy una vez más vacíos los asientos del
Estado en la audiencia, en la que solo participaron las organizaciones de la sociedad civil como peticionarios y los comisionados.
Cuba es el único país del continente que no participa en la Organización de Estados Americanos (OEA), a pesar de que en 2009 se levantó la suspensión de 1962, emitida tras el triunfo de la revolución de Fidel Castro.
Los cubanos llevan así medio siglo en una suerte de limbo dentro del organismo continental ya que, pese a la negativa del Gobierno a reintegrarse, la CIDH -órgano autónomo de la OEA- atiende y denuncia las violaciones de derechos humanos en la isla.
La filosofía detrás de esta situación es que la suspensión de Cuba se entendió como un castigo al Gobierno pero no a sus ciudadanos, que pueden acudir a la Comisión para denunciar las violaciones de derechos humanos.
Por ello, la comisionada y relatora para Cuba Esmeralda Arosemena subrayó el llamado de la CIDH para que el Estado acuda al organismo y les dé la posibilidad de visitar el país y tener acceso a información para poder analizar temas como el presentado este martes. (21/03/2017)
