El presidente de Argentina, Mauricio Macri, firmó dos decretos que establecen un mecanismo para evitar los conflictos de interés en «procesos judiciales o extrajudiciales» en los que esté involucrado el Estado y una o varias empresas vinculadas a alguna de las máximas autoridades del Gobierno.
Los dos textos gubernamentales fueron publicados este miércoles en el Boletín Oficial de la Nación, apenas unas semanas después de que saliera a la luz que el Ejecutivo macrista buscó poner fin con un acuerdo a un largo litigio por una millonaria deuda contraída en 2001 con el Estado por parte de una de las empresas del padre del presidente que, para la Justicia, generó conflicto de intereses.
«A los fines de proveer a la adecuada defensa del Estado en procesos judiciales o extrajudiciales (…) resulta necesario establecer un procedimiento especial para los casos en que pudiera existir un conflicto de interés o vinculación entre una de las partes y las máximas autoridades del Poder Ejecutivo», remarca el primero de los decretos.
El texto incluye que en el caso del presidente y vicepresidente de la Nación, así como los ministros y autoridades con ese rango, resulta necesario «precisar determinados supuestos de vinculación personal entre dichos funcionarios» y las personas o empresas que son parte en un proceso contra el Estado.
«Que podrían generar dudas acerca de la recta gestión de tales casos, y someter su tratamiento a los más altos estándares de responsabilidad institucional, transparencia y defensa del interés público», remarca el decreto.
Además, dispone que sea la Procuración del Tesoro de la Nación el organismo que patrocine al Estado «asegurando los máximos estándares de fundamentación, difusión y transparencia, de modo de evitar toda duda o prevención de la ciudadanía acerca de la recta e inequívoca gestión en favor del interés público».
Por otro lado, el segundo texto firmado establece que todo aquel que se presente en un procedimiento de contratación pública o de otorgamiento de una «licencia, permiso, autorización, habilitación o derecho real» sobre un bien de dominio público o privado del Estado debe presentar una declaración jurada de intereses.
Este deberá declarar si se encuentra o no alcanzada por alguuien vinculado a las altas autoridades del Gobierno, aunque no tuvieran competencia para decidir sobre la contratación o acto de que se trata.
Así y tanto, será la Oficina Anticorrupción, dependiente del Gobierno, la que reciba y examine esos documentos.
La polémica se encendió en febrero pasado, cuando se conoció el acuerdo alcanzado entre la empresa Correo Argentino -originalmente participada por el padre de Macri y actualmente por hermanos, hijos y sobrinos del mandatario.
Se trata de una millonaria deuda que en 2001 contrajo esa empresa tras entrar en concurso de acreedores y que en junio de 2016 el Gobierno trató de solucionar con un polémico acuerdo tildado de «abusivo» y perjudicial para el país por una fiscal, lo que llevó a que otro procurador pidiera investigar al presidente.
Aunque aseguró que se actuó «conforme a la ley», Macri, que dio marcha atrás al acuerdo, reconoció como un error no haber previsto «un mecanismo de difusión y discusión de los que se estaba haciendo» ni generar un «un mecanismo para controversias judiciales como ésta».
Además, el 1 de marzo, la Fiscalía pidió investigar al presidente, a su padre, Franco Macri, a miembros del Gobierno y de la aerolínea Avianca, entre otros, por supuesta asociación ilícita, defraudación contra la administración pública y tráfico de influencias en el otorgamiento de rutas aéreas.
(22/03/2017)
