Los parlamentarios venezolanos -mayoritariamente opositores- quedaron sin inmunidad por un fallo del máximo tribunal que autoriza al presidente Nicolás Maduro a buscar su enjuiciamiento, incluso por delitos militares y terrorismo.
El detonante de la sentencia fue un acuerdo aprobado el 21 de marzo por el bloque opositor, que pidió a la OEA convocar a su Consejo Permanente para evaluar la aplicación de la Carta Democrática Interamericana en el país.
Justamente, esa instancia se reunirá este martes en Washington a solicitud de un grupo de países -incluidos Argentina, Brasil, Colombia, Estados Unidos y México- para discutir sobre la profunda crisis política y económica venezolana.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dictaminó este martes que los asambleístas carecen de inmunidad por estar en desacato, según un fallo que anuló el acuerdo legislativo por petición de la bancada chavista.
«La inmunidad parlamentaria solo ampara (…) los actos desplegados por los diputados en ejercicio de sus atribuciones constitucionales (lo que no resulta compatible con la situación actual de desacato en la que se encuentra la Asamblea Nacional)», indica la sentencia.
A inicios de 2016, esa corte declaró en desacato a la Asamblea por considerar que no desvinculó formalmente a tres diputados acusados de fraude electoral.
Justicia militar
Con esa declaratoria, el TSJ -señalado por la oposición de servir al gobierno de Maduro- ha anulado todas las decisiones de la cámara, órgano que asegura que ya cumplió con la separación de los legisladores y que en realidad el propósito es desconocerla.
«El gobierno quiere meterle miedo a los diputados con que nos va a meter presos. Irá a meter presos a 30 millones de venezolanos que quieren que el país cambie, que quieren votar», dijo Stalin González, jefe de la fracción opositora.
El tribunal fue más lejos al ordenar a Maduro tomar «las medidas civiles, económicas, militares, penales, administrativas, políticas, jurídicas y sociales que estime pertinentes y necesarias para evitar un estado de conmoción», a propósito del acuerdo legislativo. Y en el marco del estado de excepción vigente desde 2016, y debido al desacato, habilitó al mandatario para que garantice la «estabilidad democrática» apoyado en las leyes sobre delincuencia organizada, terrorismo, corrupción y el «código de justicia militar».
«El TSJ le está dando al presidente un pase para que tome medidas contra diputados. La más grave sería abrirles un juicio, que podría ser militar», dijo a la AFP el abogado constitucionalista Pedro Afonso Del Pino.
La corte se alineó con el gobierno al considerar que el pedido del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, de sancionar a Venezuela, va «en detrimento de los principios democráticos y de igualdad» del organismo.
Por encima de la ley
En un demoledor informe sobre la situación del país, Almagro planteó al Consejo Permanente suspenderlo de la OEA si no realiza elecciones generales en breve, como reclama la oposición.
Según el diplomático, el gobierno venezolano «viola con impunidad los derechos de sus nacionales, mantiene presos políticos sólo por el hecho de disentir, tortura, roba, corrompe, trafica drogas y mantiene a su población sometida a la falta de alimentos, de medicinas y de dinero para subsistir».
«A mí no me quita el sueño ni me perturban un segundo las estupideces de Almagro (…) para mí es un payaso, una basura sideral», afirma Maduro, quien este martes encabezará una «marcha anti-intervencionista» en Caracas, a la que se esperan cientos de partidarios.
Se prevé que la movilización llegue a las inmediaciones de la Asamblea, donde la oposición tiene previsto sesionar.
Para Cecilia Sosa, expresidenta de la extinta Corte Suprema de Justicia, el TSJ «se ha puesto por encima de la Constitución», pues el fuero parlamentario solo puede ser removido por el propio Legislativo, tras solicitud de la corte.
«Le está ordenando al Sebin (servicio de inteligencia) que detenga a los disputados con un efecto selectivo o masivo. Con sus decisiones, el TSJ ha logrado su objetivo de paralizar la Asamblea, generando una ruptura del orden constitucional», declaró a la AFP.
Maduro descarta de plano un adelanto de las elecciones presidenciales, previstas para diciembre de 2018, mientras las regionales siguen en el limbo pues debieron realizarse a fines del año pasado, pero el poder electoral las pospuso para 2017 sin que aún tenga fecha establecida.
(28/03/2017)
