Una avalancha de críticas de la comunidad internacional se desató contra el gobierno de Nicolás Maduro tras la decisión del Tribunal Supremo de asumir las competencias del Legislativo, lo que fue calificado como un «golpe de Estado» por la oposición venezolana.
«En Venezuela Nicolás Maduro dio un golpe de Estado», denunció el presidente de la Asamblea, Julio Borges, quien rasgó ante las cámaras el fallo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), calificándolo de «basura».
Estados Unidos, la Unión Europea, Luis Almagro, secretario general de la OEA, Canadá y varios países latinoamericanos (Brasil, Colombia, Chile, Perú, Argentina, México, Panamá y Guatemala) denunciaron la decisión de la Sala Constitucional del TSJ, al que la oposición acusa de servir al gobierno, de asumir las funciones del Parlamento.
Borges instó a la Fuerza Armada a no «seguir callada frente a la ruptura de la Constitución». «La inmensa mayoría de los oficiales (…) están en contra del caos», sostuvo, y anunció que la cámara «desconoce» a la corte.
Maduro habló brevemente en la televisión estatal durante una condecoración a diplomáticos, sin pronunciarse sobre la situación.
La oposición anunció protestas a partir del sábado, mientras que diputados protagonizaron una refriega con militares frente al tribunal y pequeñas manifestaciones se realizaron en Caracas. El opositor preso Leopoldo López pidió en Twitter retomar la protesta en las calles para «desconocer la dictadura y rescatar la democracia».
Golpe diplomático
Tras la medida, Almagro, fuerte crítico del gobierno venezolano, denunció un «autogolpe» en el país. Para Estados Unidos, enemigo sempiterno de la revolución bolivariana, hay una «ruptura de las normas democráticas».
Uno de los primeros países latinoamericanos en protestar fue Perú al retirar a su embajador en Caracas denunciando, al igual que Brasil, una «ruptura del orden constitucional». Por su parte, la presidenta chilena, Michelle Bachelet, llamó a consultas a su embajador, y el Congreso de Costa Rica pidió aplicar la Carta Democrática Interamericana de la OEA a Venezuela.
El pasado martes, el TSJ ya había asestado un golpe a la Asamblea, al retirar la inmunidad de los diputados, lo que abrió la posibilidad de enjuiciarlos incluso ante tribunales militares.
Esa decisión coincidió con una reunión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) para debatir la crisis política y económica de Venezuela que culminó sin acuerdos.
En tanto, el gobierno de Evo Morales, quien está en Cuba para una cirugía, denunció un «nuevo ataque que intenta facturar la democracia, desestabilizar al Gobierno del presidente Nicolás Maduro y desconocer la Constitución Venezolana», según un comunicado de la cancillería boliviana.
El TSJ declaró en desacato al Legislativo en enero de 2016, debido a la juramentación de tres diputados opositores acusados de fraude electoral.
Tras ello, anuló todas las decisiones del Parlamento y ya había asumido algunas de sus competencias.
El diputado Diosdado Cabello, uno de los principales líderes chavistas, pidió a sus seguidores prepararse «para defender el país» ante una eventual intervención militar extranjera.
«Modelo autoritario»
Los analistas advierten sobre un «autogolpe» o un avance hacia un «modelo autoritario». «Esto es parte de un golpe que se ha ido gestando con medidas que fueron cerrando todas las puertas a la oposición para que cumpla el papel para el que fue elegida» en el Congreso, señaló Paul Hare, de la Universidad de Boston y exdiplomático británico en Venezuela.
«Es difícil llamar esta decisión de otra forma que no sea un autogolpe», comentó a la AFP Michael Shifter, presidente de Diálogo Interamericano, quien comparó el caso con la decisión del entonces presidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000) de disolver el Congreso en 1992.
Una semana antes de la reunión de la OEA, el bloque opositor aprobó un acuerdo en el que pidió al organismo aplicar la Carta Democrática, que prevé sanciones en caso de alteraciones o ruptura del hilo constitucional, lo que Maduro calificó como «traición a la patria», delito castigado con penas de hasta 30 años de cárcel.
La última sentencia del TSJ también tiene trasfondo económico. Se produjo en respuesta a un recurso de interpretación sobre la creación de empresas mixtas en el sector petrolero.
Según la Constitución, el gobierno no puede firmar contratos de interés público «sin la aprobación de la Asamblea», pero al declarar «omisión legislativa», la corte indicó que no existe «impedimento».
Esto resulta clave para el gobierno, que busca financiamiento para paliar un déficit fiscal que el Banco Mundial estimó en 11,5% del PIB en 2016. Maduro intenta atraer inversión extranjera para los sectores petrolero y minero, y enfrentar así la grave crisis económica, reflejada en escasez de bienes básicos y una inflación proyectada en 1.660% por el FMI para 2017.
Las elecciones presidenciales están pautadas para diciembre de 2018, mientras que de gobernadores debieron realizarse a fines del año pasado, pero el poder electoral las pospuso para 2017 y aún no fija fecha.
(31/03/2017)
