El Parlamento venezolano, de mayoría opositora, aprobó este miércoles activar el procedimiento para la remoción de siete magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por tener «responsabilidad en la ruptura del orden constitucional» del país al haber asumido sus competencias en sus sentencias.
Tras el debate, en el que participó la bancada del chavismo, los opositores aprobaron el acuerdo de «la activación del procedimiento de la remoción de los magistrados y magistradas del TSJ por su responsabilidad en la ruptura del orden constitucional», pese a la negativa de la minoría oficialista parlamentaria.
El diputado opositor Juan Miguel Matheus, que presentó la propuesta, aclaró que con el debate de hoy no se producía la remoción de los magistrados sino que se iniciaba este proceso, para el que, según la Constitución venezolana, se requiere el aval del Poder Ciudadano -que debe calificar de falta grave la acción de los magistrados- y que ha negado hasta el momento la ruptura del orden constitucional por parte del Supremo.
En el debate, los diputados aprobaron emplazar al Poder Ciudadano y a la Fiscalía General a tramitar la solicitud que afirmó que los diputados presentaron ante ambos organismos el pasado 31 de marzo, y un documento complementario que presentarán en los próximos días, sobre la calificación de faltas graves de los magistrados.
Además acordaron «dejar a salvo la posibilidad de iniciar el procedimiento de declaración de nulidad de la designación de los magistrados del TSJ que hayan sido elegidos por la Asamblea Nacional sin cumplir los requisitos constitucionales y legales».
Los siete magistrados de la Sala Constitucional del Supremo que busca remover la Asamblea son: Calixto Ortega, Luis Damiani, Lourdes Suárez, Juan José Mendoza, Arcadio Delgado, Carmen Zuleta y Gladys Gutiérrez, por ser «autores materiales del golpe de Estado», según dijo Matheus.
El parlamentario también indicó que la remoción de los magistrados también la pueden hacer los ciudadanos si así lo solicitan ante el Poder Ciudadano.
Recalcó que, según la Ley Orgánica del Poder Ciudadano, los magistrados del TSJ pueden ser removidos cuando incurren en violación del código de ética de los magistrados, menoscaban los derechos constitucionales, lesionan los intereses de la nación o tienen activismo o parcialidad política.
Los diputados del chavismo que ingresaron a la sesión una vez que ya había comenzado, rechazaron el debate y el jefe de la bancada oficialista, Héctor Rodríguez, aseguró que sus compañeros opositores estaban «violando la Constitución» e intentando dar un «golpe parlamentario».
Tras su intervención, un grupo de opositores que acompañaban a los diputados antichavistas les gritaron a los oficialistas: «ustedes son golpistas, la fiscal lo dijo», en alusión a la posición de la Fiscal general, Luisa Ortega Díaz, quien el viernes afirmó que hubo una ruptura del orden constitucional cuando el Supremo decidió asumir las competencias del Parlamento.
Ante esto, Rodríguez respondió que con ese grito se demostraba que en el país hay democracia.
(05/03/2017)
