La oposición venezolana continúa este fin de semana su presión en las calles contra el presidente Nicolás Maduro, pese a un recrudecimiento de la violencia que deja 36 muertos en poco más de un mes de protestas, que han degenerado en saqueos y disturbios.
Un joven venezolano murió este viernes tras ser gravemente herido en disturbios registrados la víspera en la ciudad de Valencia (norte), donde en la noche se registraron saqueos en un centenar de negocios y choques entre opositores y las fuerzas de seguridad.
Los saqueos se reportaron también en otras ciudades, y temerosos ante nuevos estallidos de violencia muchos se aprovisionan en gasolineras y supermercados.
En Valencia los saqueos afectaron a una planta productora de cerveza de Polar, la principal empresa privada de alimentos del país.
En Caracas, estudiantes universitarios planean por segundo día consecutivo marchar este viernes hacia el Ministerio del Interior y Justicia, en el centro de Caracas, para exigir el cese de lo que denuncian como una «brutal represión» en las manifestaciones.
Intentaron hacerlo el jueves, pero la policía se los impidió lanzando bombas lacrimógenas en una batalla campal en la que jóvenes manifestantes, muchos encapuchados, respondieron con cócteles molotov y piedras.
Las líderes de la oposición convocaron para el sábado a una marcha de mujeres que -vestidas de blanco- tratarán de llegar también a la sede del Ministerio de Interior y Justicia.
«Daremos la cara ante el responsable de la represión. El enemigo no somos nosotros, el enemigo está en Miraflores (palacio presidencial)», dijo Lilian Tintori, esposa del encarcelado líder opositor Leopoldo López, al convocar a la marcha del sábado.
Las protestas se producen en medio de un colapso económico que genera una severa escasez de alimentos y medicinas, y la inflación más alta del mundo, que llegaría a 720% en 2017 según el FMI. Más del 70% de los venezolanos, según encuestas privadas, rechaza la gestión de Maduro.
«La batalla es entre la mayoría y la fuerza. La mayoría termina con más heridos pero la fuerza con una profunda e irremediable herida moral», comentó el analista Luis Vicente León.
«La guerra o la paz»
La oposición exige llamar a elecciones generales. Sin embargo, Maduro presentó el miércoles ante el Poder Electoral el decreto de convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, que según sus adversarios busca eludir comicios de gobernadores y alcaldes este año y las presidenciales en 2018.
Maduro sostiene que la Constituyente permitirá «reconciliar» al país y frenar lo que llama la «arremetida de la derecha opositora» que busca derrocarlo y propiciar una intervención de Estados Unidos para apropiarse de la riqueza petrolera del país sudamericano.
«No nos queda otra: convocar al pueblo y que éste decida el destino de la patria: la guerra o la paz», declaró este viernes Elías Jaua, quien dirige una comisión presidencial para discutir con todos los sectores sociales el alcance de la Constituyente.
Maduro asegura que su proyecto busca «reforzar» la Constitución impulsada por el fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013) para profundizar la revolución, y que será una Constituyente «popular» y no «de élites ni partidos».
Según el mandatario, estará integrada por 500 asambleístas, una mitad elegidos por sectores sociales y la otra por circunscripción municipal, lo cual según expertos hará que el voto no sea universal.
«Hay una élite que desconoce esta fuerza popular,revolucionaria que es el chavismo. Ténganlo claro (…) no nos vamos a dejar desconocer, no vamos a permitir que aquí se instale un régimen fascista», advirtió Jaua.
El delegado presidencial se reúne este viernes con el cuerpo diplomático y citó a la oposición para el lunes, pero algunos de sus dirigentes ya adelantaron que no tienen nada qué discutir sobre una Constituyente que es un «fraude constitucional».
La oposición asegura que esa iniciativa consolida el «golpe de Estado», que según dice inició cuando el máximo tribunal de justicia asumió temporalmente a fines de marzo las funciones del Parlamento, único poder público que controla. En un hecho que es interpretado por algunos analistas como fisuras en el chavismo, la fiscal general, Luisa Ortega, chavista confesa, condenó la represión de las protestas y la propuesta de Maduro de reformar la Constitución, en una reciente entrevista con el diario estadounidense The Wall Street Journal.
(05/05/2017)
