Kosaka Kumiko, una monja católica de origen japonés, fue imputada por la Fiscalía por su supuesta implicación en un sonado caso de abusos sexuales contra menores de un instituto para sordomudos en la provincia argentina de Mendoza (oeste), informaron hoy a Efe fuentes jurídicas.
La religiosa está acusada de la «comisión por omisión» del delito de abuso sexual con «acceso carnal gravemente ultrajante agravado».
Tras permanecer un mes prófuga, la religiosa se entregó hace tres días en Buenos Aires y, ya detenida, fue trasladada a Mendoza, donde este jueves declaró ante el fiscal, quien le comunicó su imputación.
«No hubo preguntas por parte de Fiscalía ni la querella. Ella testimonió su versión. Negó los hechos y dijo que estaba para servir, hacer el bien y cuidar a los niños», añadieron las fuentes sobre la comparecencia de la monja, que seguidamente fue trasladada a un centro de reclusión penal.
La japonesa está involucrada en el expediente por el que ya hay otras cinco personas detenidas, entre ellas dos sacerdotes, imputadas por varios casos de abuso sexual a menores de entre 10 y 12 años del Instituto Antonio Próvolo para niños hipoacúsicos,situado en la localidad mendocina de Luján de Cuyo.
Los arrestados son dos sacerdotes -el octogenario Nicolás Corradi y Horacio Corbacho, de en torno a 55 años- y tres empleados del instituto.
En esta causa, destapada a finales de 2016, una adolescente, que actualmente tiene 17 años, acusó a la monja y dijo haber sufrido abusos de parte de Corbacho cuando tenía 5 años.
La víctima apuntó en su testimonio, en lenguaje de señas, a una monja con «rasgos achinados en el ojo» sobre la que dijo que «fue quien le puso el pañal tras la violación que sufrió ocultando y teniendo conocimiento que había sido violada, lo cual la hace cómplice primario del delito del abuso».
Es por esta razón que la imputación se realiza por «omisión», ya que, aunque no participó en los abusos directamente, sí colaboró por ocultarlos.
Kosaka Kumiko llegó al Próvolo en 2007 y permaneció allí varios años, tras los que pasó por otros centros religiosos.
En diversos allanamientos realizados en ese instituto se encontraron vídeos que contienen supuestamente pornografía y 550.000 pesos» (unos 35.000 dólares).
Los casos conmocionaron a la comunidad educativa y movieron a las autoridades educativas provinciales a tomar medidas en el instituto.
En diciembre pasado, el arzobispo de Mendoza, Carlos María Franzini, expresó su dolor por «el daño hecho a las víctimas» y aseguró que su archidiócesis nunca fue notificada de antecedentes penales que pesaran sobre los sacerdotes imputados ni de denuncias sobre en el instituto, algo que remarcó, de haber tenido conocimiento, hubieran «actuado inmediatamente».
